El Capitolio- Tras más de un año de
investigación, y luego de los sonados casos que involucran al Departamento de
Corrección y Rehabilitación (DCR), incluyendo la muerte de varios reos, el
Senado recibió hoy el informe final de la Resolución 333 que ordenó la
investigación de las condiciones de los confinados en la cárcel Las Cucharas en
Ponce. Dicho informe será referido a Corrección.
“Hoy por hoy cada uno de nuestros
casi nueve mil confinados le cuesta a cada uno de los contribuyentes
puertorriqueños, más de $40 mil anuales y lo menos que debemos hacer nosotros
es garantizarles a esos contribuyentes que cuando estos hermanos confinados salgan
a la libre comunidad realmente estén rehabilitados y se puedan reinsertar al
mundo laboral y no representen una amenaza para sus comunidades ni para sus
familiares”, dijo el senador Carlos Rodríguez Mateo, autor de la medida.
“Exhorto a esta Asamblea Legislativa
a hacer lo que corresponde que es fiscalizar y poner el dedo en la llaga para
garantizar que podamos tener realmente un sistema correccional que rehabilite y
en el que veamos al confinado como un ente biopsicosocial donde no estemos
aislando los problemas o los estemos fragmentando para minimizarlos”, añadió el
también médico de profesión en un turno inicial en la sesión.
En un memorial explicativo la
American Civil Liberties Union (ACLU) expuso que desde el 2007 han recibido más
de un centenar de cartas y querellas generadas en el sistema correccional de
Puerto Rico en las que se alegan violaciones de derechos civiles y humanos.
Según la ACLU una investigación que
realizó arrojó que la mayoría de las quejas eran por falta de acceso a la salud,
comida dañada o expirada, abuso y agresión por parte de oficiales
correccionales particularmente durante los registros de las viviendas o celdas,
agresiones de otros confinados frente a oficiales correccionales y
discriminación a los miembros de la comunidad LGBTT y a las minorías
religiosas, entre otros. En el caso de las mujeres, informó que se les niega
acceso a productos de aseo femenino.
Denuncias similares también fueron
expuestas por la Comisión de Derechos Civiles la cual también expresó que Corrección
ha tomado pasos afirmativos en beneficio de la comunidad penal.
A pesar de que la agencia, en una
vista pública celebrada el 31 de agosto de 2018, informó que en dicha facilidad
correccional se han implementado programas e iniciativas enfocadas en la salud
física y mental, así como en mejorar los servicios médicos, de biblioteca,
alimentación entre otros y que los mismos son evaluados constantemente, la
Comisión recomendó que el Departamento busque en su presupuesto fondos
dirigidos al desarrollo de mejores programas de rehabilitación.
Asimismo, se informó que la agencia
debe extender programas que “han sido de éxito” en otras instituciones a las
Cucharas y que se hagan evaluaciones periódicas d los programas de
rehabilitación por parte de la población correccional, familiares y hasta los
funcionarios que allí laboran. De igual forma, evaluar la posibilidad del
desarrollo de programas a través de acuerdos colaborativos con entidades que
forman parte del tercer sector o privado y con el Departamento de Educación
para “aumentar” su programa académico.
También, recomienda el presidente de
la Comisión de Seguridad Pública que se señalen las faltas administrativas a
funcionarios que en más de una ocasión han faltado en coordinar la
transportación a citas de seguimiento o facilitar el tratamiento médico.
La pieza legislativa fue radicada el
25 de mayo de 2017.
Precisamente, el pasado 31 de julio
falleció el guardia, Pedro Joel Rodríguez Mateo, fue allegadamente asesinado
por el confinado Luis E. Sostre Piccininni quien murió semanas después en una
cárcel en Guayama.
La cárcel Las Cucharas es la quinta
institución carcelaria de mayor población correccional a nivel Isla. Según
una ponencia de Corrección, a la fecha del 31 de agosto pasado, la matrícula
era de 448 confinados; 338 sumariados y 110 sentenciados.
Hace unas semanas la gobernadora
Wanda Vázquez Garced despidió al exsecretario de Corrección Erik Rolón tras
salir a la luz pública que varios reos fallecieron y de que se cuestionaran
varios procesos de subasta.
Actualmente, Eduardo Rivera Juanatey
funge como secretario interino de Corrección luego de que el Senado lo
confirmara en dicho cargo de acuerdo con lo establecido en el Código Político.
A comités de conferencia
El Senado concurrió con varias
enmiendas sometidas por la Cámara de Representantes a medidas legislativas. Sin
embargo, no sucedió lo mismo con el Proyecto del Senado 1097, que
establece la “Carta de Derechos del Consumidor de Seguros” por lo que solicitó
conformar un comité de conferencia que estará integrado al presidente del
Senado, Thomas Rivera Schatz y los senadores Eric Correa Rivera, Evelyn Vázquez
Nieves, Miguel Pereira Castillo y Juan Dalmau Ramírez.
De igual forma, pasó con el Proyecto
del Senado 1305, que enmienda la Ley de Municipios Autónomos para autorizar
a los municipios a adquirir servicios, equipo o suministros cuando la suma
total de dicho concepto no sobrepase los $5 mil mensuales o $60 mil anuales por
año fiscal. El comité de conferencia estará integrado por Rivera Schatz y los
senadores Nelson Cruz Santiago, Rodríguez Mateo, Aníbal José Torres Torres y
Dalmau Ramírez.
En la Sesión se aprobaron varias
medidas y se recibieron informes adicionales.
El próximo día de sesión será el
jueves, 10 de octubre; a las 11:00 a.m. Las actividades comenzarán con una
sesión especial para celebrar los 45 años de la Sociedad Americana contra el
Cáncer.