El Capitolio — La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, presidida por el portavoz de la mayoría, Gregorio Matías Rosario, celebró hoy una vista pública al amparo de la Resolución del Senado 81, donde se levantaron cuestionamientos sobre la implementación del Fideicomiso para el Retiro de la Policía y posibles desviaciones en los beneficios a policías retirados.

Durante la vista, el senador Gregorio Matías Rosario expresó preocupación por la reducción en los beneficios económicos originalmente contemplados para los policías retirados. “Se establecía que eran $77,500. Si no se llegó a eso, ni los policías, ni este servidor, ni los líderes gremiales estamos de acuerdo porque es engañar a los policías”, sostuvo el legislador.

Matías Rosario explicó que el acuerdo alcanzado, en un principio, contemplaba un trato específico para un grupo de retirados. “La negociación era que a los compañeros que tenían 58 años se les iba a dar $77,500, y a los que se habían retirado con 55, que habían sido excluidos por la Junta, se les iban a dar los mismos beneficios. Esa fue la negociación que hicimos”, sostuvo.

Según detalló, ese acuerdo formó parte de las discusiones relacionadas al Plan de Ajuste. “Eso fue lo que se negoció con la Junta al principio, eso fue lo que se estableció en el plan de ajuste. Pero como no estábamos, no había quien defendiera eso”, añadió.

El senador también denunció que los cambios se realizaron sin participación legislativa. “A nosotros no se nos invitó a la negociación. No es que nos explicaran al final, es que no estuvimos en la negociación… entonces terminan diciendo que lo que se va a dar son $17,500, cuando la negociación original era $77,500”, puntualizó.

De igual forma, hizo un llamado a retomar el diálogo entre las partes involucradas para corregir el rumbo del proceso. “Les pido que nos sentemos con los legisladores, porque tal vez no se tenía la visión de que esto fue parte de una negociación con la Junta para garantizar esos $77,500”, expresó.

Más allá de los cuestionamientos, las agencias de gobierno coincidieron en que la política pública ha entrado en una fase de ejecución con resultados concretos. El director de asesoría financiera de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Raúl Angleró, destacó que la estructura del fideicomiso, constituido formalmente en diciembre de 2024, responde a los requisitos del Plan Fiscal, al establecer un modelo que no depende del Fondo General. En ese sentido, explicó que se trata de “un instrumento autofinanciado, fuera del presupuesto general, respaldado por ingresos específicos”, diseñado para garantizar la sostenibilidad del sistema sin afectar la estabilidad fiscal del gobierno.

Asimismo, la licenciada Loraine Irizarry Torres, en representación de la Comisión de Juegos de Puerto Rico informó que la política pública ha comenzado a producir resultados concretos, al indicar que “la implementación de la Ley Núm. 11 ha producido resultados sustanciales y marcadamente positivos”, con los recaudos generados mediante la regulación de las máquinas de juegos de azar que superan los $29.7 millones, de los cuales más de $9 millones han sido dirigidos al Fideicomiso para el Retiro de la Policía. Según se explicó, los recaudos han sido a través de la propia Comisión de Juegos, sin que se hayan recibido donaciones.

Por su parte, el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, licenciado Arnaldo Ortiz Miranda, explicó que el sistema ya cuenta con los fondos necesarios para comenzar a impactar a los beneficiarios. “Tienen que haber $7 millones en el fondo… ya se superó ese umbral y se han depositado más de $12 millones”, indicó, al tiempo que detalló que actualmente el fideicomiso mantiene sobre $9 millones disponibles para distribución.

En la misma línea, el licenciado Ortiz Miranda sostuvo que ya se ha completado la estructura operacional necesaria para administrar los fondos y adelantó que esperan “para el 30 de junio de 2026 se lleve a cabo la primera distribución del Fideicomiso a los miembros elegibles retirados”.

Además, aclaró el alcance de los beneficiarios al señalar que “todos los policías reclutados a partir del 31 de diciembre de 1999 serán participantes del pago suplementario”, y que “todos los perjudicados por la Ley 13 serán beneficiarios del fideicomiso”, proyectando que alrededor de 1,746 policías serán impactados durante este año.

A preguntas de la senadora Ada Álvarez Conde sobre las disposiciones y guías aplicables a los policías elegibles, así como las cantidades a ser desembolsadas, el director ejecutivo de la Junta de Retiro, licenciado Ortiz Miranda, explicó que los criterios están establecidos en el reglamento y responden a disposiciones impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal. Detalló que tanto la determinación del momento de retiro como las cantidades a recibir están previamente definidas, y añadió que, en los casos en que un policía cualifique para el Seguro Social a los 62 años, pero decida no acogerse, se le descontará del fideicomiso la cantidad correspondiente a ese beneficio.

Finalmente, el licenciado José Vázquez Rivera, asesor legal del superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, detalló los esfuerzos de fiscalización que se están llevando a cabo en coordinación con la Comisión de Juegos, como parte de la implementación de la política pública. En ese sentido, explicó que se han realizado operativos conjuntos que han resultado en la ocupación de decenas de máquinas ilegales, la imposición de multas y la incautación de dinero en efectivo. “Estas acciones reflejan un enfoque proactivo y sostenido dirigido a intervenir con operadores en violación de ley y desarticular operaciones ilegales”, indicó, al destacar que los trabajos incluyen intervenciones en múltiples jurisdicciones y la integración de distintas unidades especializadas para fortalecer el cumplimiento y la supervisión de esta industria.

Por otro lado, la senadora Roxanna Soto Aguilú advirtió sobre la importancia de precisar los términos de la ley para evitar controversias futuras. “Lo único que me preocupa es que la ley es buena en un principio de valores, en la medida que los términos no estén claros en las fechas, puede afectar… Esta vista no se trata de dinero, lo que me preocupa es que por más buena fe que haya, con el paso del tiempo lo que no esté clarificado por escrito a alguien va a afectar”, expresó.