SAN JUAN, Puerto Rico – El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, informó en la mañana de hoy que se formalizó un referido contra el licenciado Francisco Domenech ante la Oficina de Ética Gubernamental.
“Hoy hemos formalizado el primer referido tras la Comisión Total celebrada en el Senado. En este caso, dirigido a la Oficina de Ética Gubernamental, señalamos lo que entendemos constituye un claro conflicto de intereses y un incumplimiento con la Ley de Ética Gubernamental, particularmente en lo relacionado con la obligación de inhibición cuando existe o puede existir un conflicto”, expresó el senador.
Hernández Ortiz explicó que, durante la Comisión Total, Domenech fue ampliamente cuestionado sobre su relación con la firma de cabildeo Politank, la cual dirigió hasta diciembre de 2024 y de la que alegadamente se ha desvinculado.
“Llamó la atención la forma en que, según su propio testimonio, opera internamente la oficina del secretario de la Gobernación en la evaluación de contratos vinculados a clientes pasados y actuales de Politank”, sostuvo.
Durante el proceso, el deponente indicó que existe un acuerdo verbal mediante el cual una funcionaria, Ana Delgado —quien funge como pre interventora en la oficina del secretario—, interviene en contratos relacionados a clientes de dicha firma.
“El propio Domenech indicó que esta funcionaria utiliza el Registro de Cabilderos adscrito al Departamento de Justicia para identificar clientes de Politank. Ese registro fue certificado el 11 de abril de 2025. Esto plantea una seria preocupación: si existen clientes posteriores a esa fecha, no hay forma de identificar si un contrato está vinculado o no a dicha empresa. A esto se suma que se trata de un acuerdo verbal y que la funcionaria es subordinada directa del propio Domenech”, señaló el portavoz.
Asimismo, el senador destacó que Domenech alegó inhibirse voluntariamente de estos procesos basándose en una consulta ética realizada por su esposa, la licenciada Verónica Ferraiouli Hornedo, directora del Distrito de Convenciones.
“Sin embargo, durante la Comisión Total, la propia Oficina de Ética Gubernamental confirmó mediante comunicación oficial que dicha consulta, emitida el 31 de julio de 2025, no es de aplicación ni extensiva al Secretario de la Gobernación. Es decir, ese fundamento no es válido”, puntualizó.
La Ley de Ética Gubernamental define el conflicto de intereses como toda situación en la que el interés personal o económico puede estar en pugna con el interés público. Además, establece en su Artículo 4.5 que todo funcionario debe solicitar por escrito su inhibición.
“En este caso, la propia Oficina de Ética Gubernamental ha confirmado que ese procedimiento no se cumplió. Por eso hemos referido el asunto formalmente”, añadió Hernández Ortiz.
Como parte de las acciones legislativas, la delegación del PPD también presentó la Resolución del Senado 472, con el propósito de citar al director de la Oficina de Ética Gubernamental a una Comisión Total del Senado.
“El país merece respuestas claras y públicas. Buscamos que el director de la OEG comparezca ante el Senado y conteste, bajo escrutinio público, todas las interrogantes relacionadas a este caso”, sostuvo.
Finalmente, el portavoz no descartó nuevos referidos.
“No descartamos referidos adicionales a agencias estatales o federales. Este es un asunto serio que continúa desarrollándose y que amerita total transparencia por parte de La Fortaleza y la administración de Jenniffer González Colón”, concluyó.
