El Capitolio — El Senado de Puerto Rico aprobó hoy, en sesión ordinaria, una medida del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que asigna un millón de dólares anuales al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) durante los primeros seis meses de cada año natural, para cubrir gastos administrativos, operacionales y de fiscalización.
El Proyecto del Senado 1023 añade un nuevo artículo a la "Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño", que distribuye $13 millones entre diez organizaciones deportivas sin asignar fondos al DRD para fiscalizar ese proceso. Los fondos cubrirán asesoramiento legal, evaluación de solicitudes, certificación de fondos, autorización de desembolsos y monitoreo del uso de los recursos, y también podrán usarse para fortalecer la programación dirigida a adultos mayores, personas con diversidad funcional, jóvenes y otras poblaciones que atiende el DRD.
Actualmente, el DRD solo recibe $135,000 del Fondo General para atender a estas poblaciones, frente a los $3,000,000 anuales que la Ley 258-2006 (mediante la cual se enmendó la “Ley del Sistema de Lotería Adicional para crear un Fondo Especial para el Desarrollo de las Categorías Menores”) reserva exclusivamente para programas dirigidos a menores de 18 años. Si no se dispone de la totalidad de los fondos, el Departamento queda autorizado a retener hasta un 1% de la distribución otorgada a las organizaciones beneficiarias para cubrir esos gastos.
En términos de educación pública, se dio paso al Proyecto del Senado 969, de la senadora Brenda Pérez Soto, para enmendar la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", con el fin de exigir, como condición previa al nombramiento, empleo, destaque o contratación de personal con acceso directo a estudiantes, presentar una certificación vigente al amparo del Artículo 4(A) de la Ley 300-1999, expedida por la Policía de Puerto Rico. El Departamento de Educación tendrá 180 días para adoptar el reglamento correspondiente, y el personal ya empleado deberá cumplir con la certificación en un término máximo de 18 meses mediante un plan escalonado.
“El texto que hoy llega ante este cuerpo tiene un propósito claramente preventivo: fortalecer el cumplimiento de la Ley 300 del 1999 para aquellas personas que por razón de su empleo, contratación o prestación de servicios tendrán acceso directo a nuestros estudiantes… Es importante destacar que la certificación que finalmente contempla esta medida es la que expide la Policía de Puerto Rico al amparo de la Ley 300. Y dicha certificación se ofrece actualmente libre de costo, de esta manera, fortalecemos la protección de nuestros estudiantes, sin imponer una carga económica adicional a quienes aspiran a servir en nuestro sistema educativo”, indicó la senadora Pérez Soto.
Por otra parte, el Proyecto del Senado 1303, del senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, que busca enmendar la "Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito", que regula a las personas o entidades que cobran por asistir a un cliente a corregir información en su historial crediticio. La medida transfiere del Departamento de Asuntos del Consumidor a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras la facultad de expedir licencias, supervisar y fiscalizar a estas agencias, y enmienda el Artículo 6 de la Ley Orgánica del DACO para atemperarse a ese cambio.
Igualmente, la Resolución Conjunta del Senado 181, de la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, que enmienda la Resolución Conjunta 60-2023 para ordenar al Departamento de la Vivienda, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles y a cualquier otra agencia con interés, evaluar el traspaso, arrendamiento, usufructo u otro negocio jurídico sobre la antigua Escuela Ángela Calvani, en el Sector Santa Clara de Jayuya, a favor de la Fundación Casa de Salud Ven-Rose Inc., conforme a la Ley 26-2017. Elimina el precio nominal de un dólar que fijaba la resolución original, da 90 días a las agencias para evaluar y resolver, y prohíbe a la Fundación vender o ceder el inmueble.
A su vez, el informe de conferencia del Proyecto del Senado 692, del senador Héctor “Gaby” González, para añadir un nuevo artículo a “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-parto”, a los fines de extender el derecho de acompañamiento a toda evaluación en sala de emergencias relacionada al embarazo, independientemente de si ha comenzado el proceso de parto.
Confirmación de nombramientos
Como parte de los trabajos, el cuerpo legislativo aprobó varios nombramientos, estos fueron el licenciado Raphael Rosado Anazagasty como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. A su vez, el licenciado Wilfredo José Santiago Vega como Fiscal Auxiliar I; los licenciados Paola N. García Mercado y Nelson D. Vélez Colón como Fiscal Auxiliar II; y la licenciada Limarí Cobián Lugo como Fiscal Auxiliar IV, en ascenso. Del mismo modo, el Senado otorgó su consentimiento a la licenciada Elizabeth Pitino Acevedo como Procuradora de Asuntos de Menores del Departamento de Justicia y Jonnathan García Rosado como Miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico.
Finalmente, proveniente de la Cámara de Representantes, la Resolución Conjunta de la Cámara 347, para denominar con el nombre del exalcalde “Heriberto Zayas Montañez” la carretera PR-8860, en toda su extensión, que discurre desde la intersección con la carretera PR-860 en el Municipio de Carolina hasta la carretera PR-181, conocida como “Expreso Manuel Rivera Morales” en el Municipio de Trujillo Alto.