El Capitolio — El Senado de Puerto Rico aprobó hoy el Proyecto del Senado 1403, medida de administración, presentada por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, que crea en el Departamento de la Vivienda el Programa de Desarrollo, Mejoras de Vivienda, Administración de Terrenos de Vivienda y Títulos de Propiedad para agilizar los procesos de usufructo, arrendamiento y concesión de títulos.

La medida enmienda la “Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda” para reunir en un solo estatuto facultades y procesos que hoy están repartidos en varias leyes. Con ese fin, deroga la ley que regula la venta de parcelas a usufructuarios u ocupantes, la “Ley de Viviendas Enclavadas en Terrenos Ajenos”, la ley sobre el traspaso o arrendamiento de solares y la concesión de títulos de propiedad, y varios artículos de la “Ley de Tierras de Puerto Rico”. La Exposición de Motivos señala que algunas de esas leyes tienen requisitos que ya no responden a la realidad económica, como el límite de ingreso anual de $21,100 que fija la Ley de Viviendas Enclavadas en Terrenos Ajenos para las familias elegibles. Con el nuevo formato, el secretario de Vivienda establecerá ese límite mediante orden administrativa, a base de las guías de ingreso de los programas de vivienda y las condiciones económicas de Puerto Rico.

El proyecto ordena a la Autoridad de Tierras, la Administración de Terrenos, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y otras entidades públicas transferir libre de costo al Departamento de la Vivienda los predios donde haya viviendas enclavadas. También dispone la creación de un registro digital unificado de beneficiarios y de un inventario digital de las propiedades de la agencia, y aclara que la mera ocupación de un terreno no da, por sí sola, derecho al título.

Los usufructuarios que cumplan con los requisitos podrán comprar la parcela que ocupan por $1, el mismo precio que pagarán las familias de escasos recursos económicos. Quien venda o enajene el solar antes de cumplirse diez años del título deberá devolver al Departamento una parte de su valor tasado, que va de 90% en el primer año a 1% en el décimo. La medida da preferencia, sin importar sus ingresos y siempre que no tengan propiedades, a veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, víctimas de violencia doméstica, personas con impedimentos, familias monoparentales y empleados públicos.

El Cuerpo aprobó, además, la Resolución Conjunta del Senado 155, del senador Rafael “Rafy” Santos Ortiz, que designa el Parque de Bombas de Barranquitas con el nombre de Teodoro Alicea Malavé. Alicea Malavé sirvió más de tres décadas en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, ascendió a cabo en su pueblo natal en 1967 y en 1995 recibió el reconocimiento del Municipio y del Cuerpo de Bomberos por su trayectoria. También se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 166, del senador Héctor “Gaby” González López, presentada a petición de la alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán. La medida designa con el nombre de Benjamín Negrón Rodríguez el predio de la finca Carmen, en el barrio Bajura, donde se encuentra la chimenea de la antigua Central Carmen. Negrón Rodríguez es el historiador oficial de Vega Alta desde 1998, lleva más de cinco décadas investigando y divulgando la historia del municipio y en 1975 diseñó, junto al licenciado Roberto Beascoechea Lota, la bandera y el escudo vegalteños.

En el renglón de investigaciones, el Senado aprobó la Resolución del Senado 595, del senador Ángel Toledo López, que ordena a estudiar el estado de la administración de la justicia en Puerto Rico. La investigación podrá abarcar el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Junta de Libertad Bajo Palabra, la Oficina de Administración de los Tribunales, la Policía y el Departamento de Seguridad Pública, entre otras entidades. La resolución aclara que el proceso no intervendrá con la función adjudicativa de los tribunales.

Por otro lado, de la senadora Migdalia Padilla Alvelo, la Resolución del Senado 597, que ordena una investigación sobre las condiciones del Balneario de Punta Salinas y del Parque Nacional Isla de Cabras, en Toa Baja, tras la extensión de los contratos de gestión entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Municipio. Las enmiendas de 2024 extendieron esos contratos a 15 años, con renovaciones cada cinco años, y redujeron de 50% a 20% la porción de los ingresos netos que el Municipio aporta al DRNA. La comisión deberá evaluar la infraestructura, las carreteras, la seguridad y la vigilancia de ambas instalaciones, además del presupuesto y los gastos de las mejoras.

También de Padilla Alvelo, la Resolución del Senado 602, para investigar cómo se enseña el proceso electoral en las escuelas públicas de nivel superior. La comisión examinará la disponibilidad y el uso del módulo de Estudios Sociales “Educación en Procesos Electorales y Parlamentarios” del Departamento de Educación, cuyo prontuario más reciente es de agosto de 2020, y si Educación y la Comisión Estatal de Elecciones trabajan coordinadamente para orientar a los estudiantes sobre la inscripción, los requisitos para votar y el ejercicio del voto.

Aval del Senado a medidas de la Cámara

El Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 1110, que declara el primer domingo de noviembre de cada año como el “Día de la Movilidad Asistida”. El propósito es crear conciencia y promover la autonomía y el bienestar de las personas con impedimentos o lesiones que necesitan equipos de asistencia para moverse, como muletas, andadores o sillas de ruedas. También recibió aval el Proyecto de la Cámara 1271, que deroga la Ley Núm. 80 de 1 de mayo de 1941. Esa ley ordenaba a los secretarios de Transportación y Obras Públicas y de Agricultura sembrar árboles frutales en las áreas aledañas a las carreteras y asignaba $3,000 para establecer un vivero. Según la Exposición de Motivos, esa cantidad es insuficiente y las prácticas actuales de construcción y mantenimiento de carreteras se apartan de la siembra de árboles frutales junto a las vías por razones de seguridad vial.

En materia de fondos, se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 254, que reasigna $74,000 a la Oficina de Obras Públicas del Municipio de Bayamón para obras y mejoras permanentes en el Parque Robert Junghanns, en la intersección de las carreteras PR-2 y PR-167. El dinero proviene de sobrantes de once resoluciones conjuntas aprobadas entre 2005 y 2017 para obras en el Distrito Representativo Núm. 7.

También se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 405, que reasigna $136,836.89 al Municipio de Aguas Buenas para construir un muro de cemento que controle los deslizamientos de terreno que afectan la pista atlética del Complejo Deportivo Bairoa. Los fondos son el balance de una asignación de 2013 para remodelar el Centro de Medicina de la Ciudad, instalación que el Municipio arrienda desde 2016 a una organización sin fines de lucro. La reasignación responde a una petición de la alcaldesa, Karina Nieves Serrano, y no conlleva fondos nuevos.

Finalmente, el Senado aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 326, que ordena a la Autoridad de Tierras y a la Junta de Planificación liberar de las restricciones de preservación e indivisión impuestas bajo la Ley 107 de 1974 el predio número 10 de la finca Vega Redonda, en Comerío. El terreno se otorgó en 1981 a través del Programa de Fincas de Tipo Familiar. La Autoridad de Tierras tendrá 120 días para liberar las restricciones y la Junta de Planificación autorizará la segregación de solares.