El Capitolio - El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 1197, de la autoría del senador por el Distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, que establece un marco de planificación para el desarrollo de un Sistema de la Reserva Estratégica de Combustible de Puerto Rico, dirigido a fortalecer la capacidad de respuesta de la Isla ante emergencias, desastres naturales o interrupciones significativas en la cadena de suministro.

 

La medida crea un Comité Intergubernamental que tendrá a su cargo el estudio, planificación, diseño, evaluación de viabilidad fiscal, financiamiento, coordinación e implantación del Sistema. El objetivo es que Puerto Rico pueda determinar, con criterios técnicos, fiscales, ambientales, agrícolas, logísticos y operacionales, la manera más adecuada de contar con disponibilidad de combustible cuando se afecten servicios esenciales, infraestructura crítica, la transportación, la seguridad pública, la salud, la generación energética o la actividad económica.

“Esta medida nos permite comenzar desde ahora un proceso serio de planificación, con información, análisis y coordinación entre las agencias que tienen una responsabilidad directa en la respuesta del Gobierno para que, se surgir alguna emergencia, se pueda garantizar el combustible necesario para mantener funcionando servicios esenciales.”, expresó Sánchez Álvarez.

El proyecto define el Sistema de la Reserva Estratégica de Combustible de manera amplia, incluyendo infraestructura, instalaciones, equipos, inventarios, sistemas de almacenamiento, mecanismos de rotación, protocolos de despacho y acuerdos operacionales que permitan almacenar, manejar, conservar, rotar, distribuir o hacer disponible combustible cuando ocurra una emergencia o una interrupción crítica en el suministro.

Como parte del proceso, el Comité deberá evaluar posibles áreas para ubicar componentes del Sistema tomando en consideración factores como la seguridad pública, acceso marítimo o terrestre, proximidad a infraestructura crítica, distancia de centros poblacionales, resiliencia ante desastres naturales, impacto ambiental, compatibilidad de usos y protección de terrenos de valor o uso agrícola.

Además, antes de recomendar nueva construcción, deberá analizarse la posibilidad de utilizar infraestructura existente, terminales, instalaciones portuarias o aeroportuarias, sistemas de almacenamiento existentes, acuerdos con entidades públicas o privadas y alianzas público-privadas, con el propósito de aprovechar recursos disponibles, reducir costos y evitar la duplicación innecesaria de infraestructura.

“Lo que buscamos es planificación responsable. Hay que saber qué necesitamos, cuánto costaría, cómo se financiaría, qué infraestructura podemos aprovechar y cuáles serían los protocolos para manejar y rotar ese combustible. La seguridad energética tiene que trabajarse con responsabilidad fiscal, ambiental y operacional”, sostuvo el senador.

Asimismo,  la medida establece que ninguna fase de construcción, adquisición, operación o compra de inventario podrá comenzar hasta que se identifique la fuente de financiamiento correspondiente y se cumpla con los requisitos fiscales, presupuestarios y de contratación pública aplicables.

La medida incorpora además protecciones específicas para terrenos agrícolas y propiedades públicas. En el caso de terrenos bajo la Autoridad de Tierras, estos solo podrán ser considerados cuando el secretario de Agricultura certifique previamente que no constituyen terrenos de valor o uso agrícola, que su evaluación no perjudica operaciones agrícolas presentes o futuras y que existen salvaguardas para proteger la seguridad alimentaria y los recursos productivos de Puerto Rico.

Como mecanismo de fiscalización y rendición de cuentas, el Comité deberá presentar un informe preliminar dentro de 180 días de su constitución y un informe final dentro de un año. El Proyecto del Senado 1197 enmienda la Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico para incorporar el Sistema de la Reserva Estratégica de Combustible dentro de su marco estatutario y establecer las disposiciones necesarias para su estudio, planificación y eventual implantación.