(El Capitolio)- El senador por el Distrito de Mayagüez-Aguadilla, Jeison Rosa Ramos, radicó el Proyecto del Senado 1132, una medida que busca combatir la crisis de salud pública provocada por el fentanilo mediante la imposición de penalidades agravadas. Esta pieza legislativa propone enmendar la "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico" para establecer castigos más severos contra la fabricación, distribución, venta y transporte de este opioide sintético y sus análogos. La iniciativa surge como respuesta al alarmante incremento en las muertes por sobredosis, las cuales han escalado de poco más de 100 en el año 2018 a más de 600 durante el 2023 en la Isla.
El proyecto de ley establece escalas de penalidades fijas basadas en la cantidad de sustancia incautada, comenzando con una pena de 20 años de reclusión para cantidades menores a un gramo, 30 años para un gramo o más, y hasta 40 años de cárcel cuando la cantidad sea igual o mayor a cinco gramos. Además, la medida tipifica como delito grave la distribución de fentanilo que resulte en la muerte de una persona, estableciendo que bastará con demostrar que la sustancia fue un factor sustancial en el fallecimiento para imponer una pena fija de 40 años.
Sobre esta radicación, el senador Jeison Rosa Ramos expresó que el fentanilo representa una amenaza sin precedentes debido a que puede ser hasta cincuenta veces más potente que la heroína y cien veces más potente que la morfina. El legislador enfatizó que apenas unos miligramos de esta sustancia pueden causar la muerte, lo que justifica una respuesta legal contundente para desalentar su tráfico y proteger la vida de la ciudadanía puertorriqueña.
“Nuestra responsabilidad es proteger la vida y la seguridad de las comunidades ante la proliferación de esta sustancia altamente letal que está cobrando demasiadas vidas. Con el Proyecto del Senado 1132, enviamos un mensaje claro de que no toleraremos el tráfico de veneno en nuestras calles, especialmente cuando se pone en riesgo a nuestros menores o se opera cerca de nuestras escuelas y parques, donde las penas podrán aumentarse hasta diez años adicionales”, manifestó el senador del Distrito de Mayagüez-Aguadilla.
Finalmente, la pieza legislativa no solo se enfoca en el aspecto punitivo, sino que también ordena la confiscación de bienes derivados de este narcotráfico y mandata al Departamento de Salud, en conjunto con el Departamento de Seguridad Pública, a desarrollar campañas educativas sobre los riesgos del consumo de drogas adulteradas. El Proyecto del Senado 1132 entraría en vigor inmediatamente después de su aprobación para atender con urgencia la situación de seguridad y bienestar que enfrenta el pueblo de Puerto Rico.
