(San Juan, Puerto Rico) – La senadora por el Distrito de Arecibo, Brenda Pérez Soto, radicó una resolución para investigar el estatus y cumplimiento de la Ley Núm. 84 del 1 de marzo de 1999, legislación dirigida a establecer centros de cuidado diurno para los hijos de empleados de departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico.

La Resolución del Senado 616 busca determinar cuáles agencias cuentan actualmente con centros de cuidado diurno o proveen servicios de cuidado infantil mediante los mecanismos autorizados por ley, así como identificar las razones administrativas, fiscales, reglamentarias o de infraestructura que hayan afectado su implantación. 

La Ley 84-1999 establece que las entidades gubernamentales comprendidas por la legislación deberán destinar, dentro de sus predios o a una distancia razonablemente cercana, un área debidamente habilitada para ofrecer servicios de cuidado diurno a los hijos en edad preescolar de sus funcionarios y empleados.

Como parte de la investigación, la Comisión de Gobierno deberá identificar cuántos centros permanecen en operación, cuáles han cesado sus servicios y las razones que provocaron sus cierres. También se evaluará su capacidad, matrícula, posibles listas de espera, fuentes de financiamiento y cumplimiento con los requisitos de licenciamiento. 

La resolución hace referencia al estudio Una visión panorámica del ecosistema de cuidado infantil y preescolar de Puerto Rico, publicado en marzo de 2026 por el Instituto del Desarrollo de la Juventud, que identificó que 40 municipios presentan una oferta insuficiente de servicios de cuidado infantil. Además, estimó en 43 % la brecha de servicios para menores de cero a cinco años cuyos cuidadores participan activamente de la fuerza laboral.
Pérez Soto sostuvo que la investigación permitirá conocer qué ocurrió con la implantación de una legislación que lleva más de dos décadas vigente y determinar qué recursos están disponibles para garantizar los servicios establecidos.

“Soy servidora pública por muchos años y sé del compromiso y sacrificio que hacemos para darle un servicio a nuestra gente, en mi caso desde el Departamento de Educación. Si ya existe una ley que lleva más de 27 años vigente, por la información que tenemos, no todos estos centros de cuido están en funcionamiento, queremos saber por qué no funcionan. ¿Qué recursos se han destinado para cumplir esta ley? ¿Por dónde se rompió el seguimiento para que nuestros empleados públicos que tienen niños menores puedan trabajar con la tranquilidad de que sus hijos están bien cuidados? Sobre los que están dando servicios, queremos conocer si tienen todas las herramientas que se requieren para operar. Lo que buscamos es que nuestros empleados públicos puedan estar más tranquilos para que continúen dándonos el servicio que queremos”, expresó la senadora Pérez Soto.

La medida faculta a la Comisión de Gobierno a citar deponentes, requerir documentos e información, celebrar audiencias públicas y realizar inspecciones durante el proceso investigativo. De aprobarse, la Comisión tendrá un término máximo de 180 días para presentar al Senado un informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Se espera que la Resolución del Senado 616 sea atendida próximamente por el Senado de Puerto Rico.