(El Capitolio, PR)- La senadora Roxanna I. Soto Aguilú anunció la presentación de un paquete de seis medidas legislativas dirigido a fortalecer la política pública de bienestar animal en Puerto Rico, mediante acciones preventivas, incentivos responsables y una mejor utilización de los recursos públicos disponibles.

El paquete parte de una realidad que durante años ha sido atendida principalmente por rescatistas, voluntarios, veterinarios y organizaciones sin fines de lucro que, muchas veces con recursos limitados, recogen animales abandonados, sufragan tratamientos, coordinan esterilizaciones y buscan hogares seguros para ellos.

“Puerto Rico no puede continuar descansando exclusivamente sobre la buena voluntad y el sacrificio económico de quienes rescatan animales. El bienestar animal es también un asunto de salud pública, seguridad comunitaria y responsabilidad gubernamental. Estas medidas buscan que el Gobierno deje de ser un espectador y se convierta en un aliado real de quienes llevan años haciendo el trabajo en nuestras calles y comunidades”, expresó Soto Aguilú.

Como eje preventivo del paquete, el Proyecto del Senado 1368 propone conceder un crédito contributivo no reembolsable a médicos veterinarios y clínicas que realicen esterilizaciones gratuitas certificadas de perros y gatos realengos, abandonados o rescatados. El crédito sería de setenta y cinco dólares por la esterilización de cada gato o gata y de ciento veinticinco dólares por cada perro o perra, con límites por contribuyente y un tope agregado anual para mantener controles fiscales adecuados. La propuesta reconoce que cada procedimiento gratuito representa tiempo profesional, medicamentos, anestesia, personal y materiales que actualmente son sufragados por quienes deciden aportar a esta causa. 

“Esterilizar es prevenir. Es evitar que más animales nazcan para enfrentar hambre, enfermedad, abandono o maltrato. No basta con reaccionar cuando los albergues están llenos; tenemos que atender la raíz del problema y respaldar a los profesionales que pueden ayudarnos a hacerlo”, sostuvo la senadora.

Este esfuerzo se complementa con el Proyecto del Senado 1371, que crea el Programa Voluntario de Veterinarios Aliados para la Esterilización de Animales, adscrito a la Oficina Estatal de Control Animal. A través de este programa, los veterinarios que decidan participar voluntariamente podrán colaborar en procedimientos documentados para animales elegibles y recibir reconocimiento oficial, prioridad en acuerdos relacionados con campañas de esterilización o posibles reembolsos, sujeto a la disponibilidad de fondos. 

La medida protege expresamente la autonomía profesional y no obliga a ningún veterinario a ofrecer servicios gratuitos fuera de los términos que voluntariamente acepte. 

El paquete también enfrenta uno de los obstáculos más frecuentes que señalan los albergues y grupos de rescate: la falta de instalaciones apropiadas. Mediante el Proyecto del Senado 1369, se propone una deducción contributiva especial para individuos y corporaciones que arrienden propiedades a un canon reducido a organizaciones sin fines de lucro dedicadas al rescate, la adopción, la esterilización, la rehabilitación y el cuidado temporero de animales. La deducción estaría vinculada a una porción de la diferencia entre el valor de mercado y el canon realmente cobrado, con requisitos de documentación y mecanismos dirigidos a evitar abusos. 

“En Puerto Rico existen personas que desean colaborar y propiedades que pudieran utilizarse para establecer centros de adopción, áreas de cuarentena, clínicas de esterilización o espacios de cuidado temporero. Nuestro deber es crear las condiciones para que esa solidaridad se convierta en capacidad real para salvar vidas”, explicó Soto Aguilú.

En el ámbito municipal, el Proyecto del Senado 1370 autoriza a los municipios a permitir, mediante acuerdos escritos y sujetos a condiciones específicas, el uso temporero de instalaciones municipales disponibles, subutilizadas o parcialmente en desuso para servicios de bienestar animal. La autorización no transfiere la titularidad de la propiedad ni crea derechos adquiridos, y exige controles relacionados con permisos, mantenimiento, salubridad, seguros, seguridad, manejo de desperdicios y fiscalización municipal. 

A su vez, el Proyecto del Senado 1373 amplía las herramientas disponibles bajo el Código Municipal para que los ayuntamientos puedan otorgar prioridad a entidades de bienestar animal cuando exista propiedad municipal disponible para arrendamiento, cesión o uso. La propuesta mantiene la obligación de aprobar las transacciones mediante los procedimientos correspondientes, cumplir con un canon razonable cuando aplique y establecer cláusulas de revocación o reversión si la propiedad deja de utilizarse para el fin público autorizado. 

Soto Aguilú destacó que las dos medidas municipales reconocen la autonomía de los municipios y no les imponen la entrega de propiedades. En cambio, les ofrecen mecanismos legales claros para colaborar con organizaciones que ayudan a atender querellas, rescatar animales, organizar campañas de adopción y reducir la presencia de animales abandonados en las vías públicas.

El paquete se completa con el Proyecto del Senado 1372, que autoriza a la Administración de Servicios Generales a conceder prioridad a organizaciones sin fines de lucro de bienestar animal en los procesos de disposición de propiedad pública excedente. Vehículos, jaulas, generadores, neveras, computadoras, mobiliario, herramientas y otros equipos que ya no sean necesarios para una dependencia gubernamental podrían reutilizarse para apoyar labores de rescate, transportación, albergue, esterilización y adopción, siempre sujeto a los requisitos legales y a condiciones que permitan recuperar la propiedad en caso de incumplimiento. 

“Este paquete representa una política pública sensible, pero también responsable. Estamos utilizando incentivos medibles, alianzas comunitarias y recursos existentes para responder a una crisis que tiene consecuencias humanas, sanitarias y sociales. Proteger a los animales no es un lujo ni un asunto secundario; habla de nuestros valores y de la clase de sociedad que aspiramos a ser”, manifestó la legisladora.

La senadora indicó que las seis medidas, presentadas el 30 de junio de 2026, buscan sustituir una respuesta fragmentada y reactiva por una estrategia integral basada en prevención, colaboración y uso responsable de los recursos gubernamentales.

“No podemos salvarlos a todos de un día para otro, pero sí podemos tomar decisiones que reduzcan el abandono, fortalezcan a quienes rescatan y eviten sufrimiento futuro. Cada esterilización, cada espacio habilitado y cada recurso que llega a las manos correctas puede significar que un animal tenga una segunda oportunidad”, concluyó Soto Aguilú.