El Capitolio – Con el fin de robustecer las leyes que propulsan los servicios para la salud mental y contra la adicción, la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que preside el senador independiente, José Vargas Vidot, llevó a cabo una vista pública para atender el Proyecto de la Cámara 1485 que buscar enmendar la Ley de ASSMCA y la Ley 408-2000 por contener disposiciones que violentan derechos garantizados.

“Aunque no se tome en consideración en el resto de la Legislatura, [debemos entender] que el uso problemático de drogas es una epidemia de emergencia y tiene que ser atendida como tal y no politiqueramente”, expresó Vargas Vidot.

La pieza legislativa en discusión busca enmendar la Ley 67-1993 por contener disposiciones que violentan los derechos garantizados a personas con uso problemático de sustancias; así como la Ley 408-2000 con el fin de incluir en el mismo su aplicación para personas que necesiten servicios contra el abuso y dependencias de sustancias controladas o alcohol.

Propone, además, establecer cláusulas de transición y aplicabilidad para casos pendientes (activos) que hayan sido radicados ante cualquier tribunal competente bajo las disposiciones procesales de la Sección 11 de la Ley 67-1993, según enmendada; además de las personas actualmente recluidas al amparo de la referida disposición antes de la aprobación de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Según establece en su exposición de motivos el Proyecto de la Cámara 1485 “los mecanismos de reclusión deben requerir garantías procesales más abarcadoras que las reconocidas en la referida sección y así lo establece la Corte Suprema de Estados Unidos y organizaciones de salud de calibre internacional. Las deficiencias de esta sección incluyen, pero no se limitan a: permitir que se recluya involuntariamente sin necesidad de prueba de que la persona presenta un peligro para sí u otros; no determinar la pericia, facultades o cualificaciones del personal a realizar las evaluaciones requeridas para determinar la existencia de un uso problemático de sustancias…”.

Para analizar la medida la comisión citó a deponer a diferentes organizaciones como Puerto Rico Teen Challenge, Hogar Crea, Fundación UPENS y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

Durante su ponencia el presidente de Hogar Crea, Héctor Figueroa, recomendó la no aprobación del proyecto, ya que “les quitaría derechos a los pacientes a recibir el tratamiento necesario y a los familiares a tener una alternativa humana y sensible a las necesidades de su familiar”.

Por su parte, el presidente de Puerto Rico Teen Challenge, José Martínez Correa, expresó que la media “ha servido para ‘destapar una caja de pandora’ de la que han surgido elementos de juicio que evidencian la necesidad imperativa de enmendar, para unificar, modernizar y hacer más operante el sistema de reclusión civil involuntaria y la Ley 408-2000”.

Martínez Correa entre las múltiples recomendaciones que hizo enfatizó que no se debe derogar “la sección 11 de la Ley 67, hasta tanto no se haga un análisis ponderado, juicioso y con participación multisectorial, que lleve a hacer enmiendas de fondo a la Ley 408-2000… Derogar la sección 11 de la Ley 67 haciendo tan solo las enmiendas que propone el PC1485 crearía un vacío legal respecto al ingreso involuntario de personas que necesiten tratamiento por abuso o dependencia a sustancias controladas”.

Mientras tanto, la asesora clínica de ASSMCA, Verónica Suárez Campos, expresó que la agencia favorece la aprobación de la medida con las enmiendas sugeridas y acogidas en el Informe de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Suárez Campos enfatizó que no se deben derogar, sino “fortalecer y uniformar los estatutos legales”.

Sin embargo, la Fundación UPENS, aunque expresó no estar de acuerdo en que se hagan los cambios propuestos en el proyecto; si favorece que se fortalezcan ambas Leyes y se mantengan separadas.

Finalmente, Vargas Vidot expresó que “[esta audiencia pública] se ha convertido en una lección sobre cuál es el perfil de las adicciones en Puerto Rico y la urgencia que hay de no eliminar, ni enmendar, para quitar poder a una Ley; sino de fortalecer y optimizar la capacidad ambas leyes… hemos tenido un gran día porque lo que he hecho es invitar a todos los que están versados en el asunto y no los que están especulando”.

La Comisión estará realizando más vistas públicas sobre esta medida para recoger el insumo de otras organizaciones y profesionales de la salud.