El Capitolio – Durante la Sesión Ordinaria, fue aprobado el Proyecto del Senado 1308 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, a los alguaciles adscritos al Poder Judicial y disponer que los funcionarios puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los 55 años y 30 años de servicio.

“Los alguaciles son funcionarios que ejercen un rol primordial en la seguridad pública del país, sin embargo no son considerados a los efectos de la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, lo que limita que estos puedan beneficiarse del retiro de conformidad con la Ley 447 como otros pares que realizan labores riesgosas”, cita la medida en su exposición de motivos. 

El informe de la medida sostiene que los alguaciles realizan una diversidad de tareas exponiéndose a múltiples peligros. “Entre sus funciones se destaca diligenciar mandamientos y órdenes del Tribunal; custodiar y transportar confinados; y mantener el orden y seguridad de jueces, empleados y público que se allega hasta los Tribunates”, detalla el informe. 

También, fue aprobado el Proyecto del Senado 792 para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el Control Comprensivo de Diabetes en Puerto Rico. “Esta Asamblea Legislativa tiene el deber ministerial de proveer a las agencias un marco legal que recoja los asuntos de mayor relevancia en el comprensivo de la diabetes, en aras de ofrecerle a la ciudadanía estrategias coordinadas e integradas para minimizar los estragos de esta enfermedad’, reza la medida de la autoría de Dalmau Santiago.

Por otro lado, el Alto Cuerpo aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 606 para aprobar los parámetros a ser utilizados por el Departamento de Hacienda con el mecanismo de distribución del incentivo económico de $250 millones a ciertos individuos para el año contributivo 2023. 

La exposición de motivos indica que el Departamento de Hacienda sometió un borrador de Carta Circular la cual incluye, entre otros, el proceso que este seguirá para calcular el incentivo y lo relativo al pago de este. Incluyendo aquellos casos donde el contribuyente tiene ingresos sujetos a tasas preferenciales y en donde se radica una planilla conjunta con el cónyuge. Luego de evaluar dicho borrador de publicación, a la luz de la intención legislativa esbozada en la RCC 583, se emite esta Resolución Conjunta aprobando la Carta Circular y ordenando la misma se publique de acuerdo con los parámetros establecidos.

Además, fue avalado el Proyecto de la Cámara 517 que enmienda la “Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición de Certificados de Antecedentes Penales", a los fines de disponer la eliminación automática de las convicciones por delitos menos grave.

El senador José Vargas Vidot se expresó a favor de la medida y expresó que “este es el proyecto que recoge una partecita de lo que ha sido el proyecto sustitutivo que el Gobernador insensiblemente vetó. Algo que todos y todas aquí hemos estado de acuerdo, que es en el proceso importante de la reinserción social productiva y que nada, nada obstaculice la posibilidad de que una persona que ha cumplido cabalmente su sentencia pueda reinsertarse sin el molestoso y casi el calvario que provoca a través del llamado certificado de antecedentes penales que se ha convertido en una sentencia extendida para alguien que ya cumplió con la sentencia que ha dictaminado el sistema, el Estado”.

De otra parte, fue aprobada la Resolución del Senado 22 de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, para investigar los hallazgos de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, que concluyen que las prácticas y políticas del Negociado de la Policía relacionadas con la vigilancia y el monitoreo de actividades de protesta pública violentan los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad de las personas. 

“La Resolución que está ante la consideración de este Cuerpo, propone que la Comisión de Gobierno realice una investigación a raíz de los hallazgos que publicó la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, luego que salieran a relucir las prácticas utilizadas por la policía el primero de mayo del año 2017, la utilización de vigilancia electrónica, policías no entrenados para hacer el trabajo que se les encomendó, el archivo de videos y de audios editados de tal manera que no era posible tener acceso a la versión original de lo que realmente ocurrió, y otras prácticas admitidas en alguna medida por la coronela que entonces dirigía a la policía y que representan un regreso a la peor época de la persecución política en Puerto Rico”, dijo Santiago. 

A la vez, se le dio paso a la Resolución del Senado 501 del senador Gregorio Matías Rosario, para realizar una investigación sobre el funcionamiento de la Administración de Rehabilitación Vocacional en la implementación de programas y servicios a las personas con autismo en transición a la vida adulta. 

También, el Proyecto de la Cámara 273 para enmendar la “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de disponer que se le suspenderá la licencia de conducir o la de navegación, según aplique por un término de 5 años a partir de la extinción de la pena recibida a quien dispare un arma de fuego desde un vehículo de motor o acuático. Igualmente, fue aprobada la Resolución del Senado 619 para llevar a cabo una investigación sobre los requisitos para que los comercios privados relacionados a la producción de alimentos tengan la obtención de la autorización para debitar de los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). 

De otro lado, fueron aprobados el Proyecto del Senado 935; la concurrencia de la Resolución Conjunta del Senado 443; el Proyecto de la Cámara 645 y el sustitutivo del Senado a la Resolución Concurrente de la Cámara 447.