El Capitolio – Durante el Mes de la Orientación y Prevención contra la Trata Humana, el Senado devolvió a comisión un proyecto que busca crear el Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico para realizar una investigación minuciosa sobre asuntos de la medida.  

De la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve junto a otros seis senadores, el Proyecto del Senado 1237 propone crear un observatorio bajo la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, así como disponer sus poderes y prerrogativas. Según la senadora Rodríguez Veve, para ejecutar la labor del observatorio, se requieren anualmente $169 mil que deben estar bajo el presupuesto de dicha comisión.

“En nuestro país, los componentes gubernamentales no han sido proactivos en la recopilación de estadísticas, y no existe un perfil específico de la naturaleza de este mal. La realidad de la trata humana es mayor de lo que se ha documentado. Este proyecto busca crear el andamiaje gubernamental para desarrollar la estructura de un componente que se dedique a recopilar estadísticas y desarrollar política pública que sea efectiva contra la trata humana”, dijo la senadora Rodríguez Veve.

Ante cuestionamientos del senador Thomas Rivera Schatz sobre asuntos del proyecto, el cuerpo legislativo aprobó devolver la medida a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia para mayor evaluación. Además, Rivera Schatz solicitó que la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, comisión que preside, esté en segunda instancia.

La pieza legislativa propone requerir la creación de un plan estratégico para combatir la trata humana en el país, así como establecer la política pública requerida. Para lograrlo, el director del observatorio ejecutara sus funciones en coordinación con las agendas gubernamentales, estatales y federales, que atienden de una manera u otra la trata humana en todas sus facetas. Luego de desarrollarse el plan, deberá someterse a la Asamblea Legislativa para ser evaluado. Una vez se apruebe, podrá desarrollarse la política pública para la educación, prevención, detección y erradicación de la trata humana.

Por otro lado, se derrotó la Resolución Conjunta del Senado 424 que proponía declarar una moratoria hasta que el Departamento de Educación (DE) cumpla con las disposiciones establecidas en la medida durante la cual se le prohíbe a la agencia aprobar el establecimiento o expansión de Escuelas Públicas Alianza, conocidas como escuelas chárter.

“Lo único que busca esta medida es poner una pausa en la otorgación de nuevas cartas a escuelas pagadas con fondos públicos hasta que el Estado demuestre que puede cumplir su obligación. Aquí nadie pide que se cierre una escuela; reclamamos que con transparencia se distribuyan los recursos destinados para nuestros niños y niñas”, sostuvo la senadora María de Lourdes Santiago Negrón durante la discusión de la medida.

Desde otra perspectiva, el senador Juan Oscar Morales sostuvo que le ha extrañado que digan que no quieren cerrar estas escuelas, “pero las quieren desacreditar. Decir que no rinden cuentas al Departamento es tener desconocimiento. Estas escuelas deben rendir cuentas al Gobierno Federal. Dicen que hay malversación de fondos, y esto son solo especulaciones”.

También, se avaló el Proyecto del Senado 740 que propone enmendar la “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”; y la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de otorgar al Tribunal la potestad de incluir en las órdenes de protección un punto de distancia circunferencial mínimo de 50 metros entre la parte peticionada y la parte peticionaria.

“Es indispensable, para salvaguardar la vida de las víctimas de violencia doméstica o acecho en Puerto Rico delinear las estrategias para la prevención de este mal social y autorizar al Tribunal a establecer una distancia fija mínima al emitir una orden de protección o de acecho, cuando a su juicio y conforme los hechos de cada caso lo estime necesario”, sostiene la pieza legislativa.

Asimismo, se dio paso al Proyecto del Senado 1112 para establecer la “Ley del Sistema de Emergencias 9-1-1”, para garantizar que el uso de fondos recibidos para el 9-1-1 se utilicen de acuerdo con la regulación federal vigente, garantizar su independencia fiscal, prohibir el uso de dichos fondos para propósitos contrarios a esta legislación, regulaciones federales aplicables y eliminar la burocracia en la que se encuentra sumergida el actual Negociado de Emergencias 9-1-1.

Según la exposición de motivos, este sistema ha incurrido en procesos burocráticos que han afectado el proceso de compra y adquisición de servicios, “lo que ha puesto en peligro los trabajos de mantenimiento de los equipos tecnológicos y compra de materiales […] estas acciones han aumentado el tiempo de respuesta, afectando a la ciudadanía”.

El Senado aprobó otras medidas como los Proyectos del Senado 1192, 905, 654, 1303, 1312. La Resolución Concurrente del Senado 55, Resolución del Senado 886; el informe final de la Resolución del Senado 138 y la Resolución Conjunta del Senado 369. También, los Proyectos de la Cámara 1014, 1463, 1797; el informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1430; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 236, 450 y 576; y la Resolución Concurrente de la Cámara 76.