El Capitolio – La Comisión de Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor realizó una vista pública para atender tres proyectos que proponen reglamentar, crear una garantía de alternativas al consumidor y desarrollar transparencia en la venta y reventa de boletos para espectáculos públicos en Puerto Rico.

Estas medidas son el Proyecto del Senado 873 que busca crear la “Ley para Reglamentar la Práctica de Reventa de Boletos de Eventos y Espectáculos Públicos en Puerto Rico” y establecer las responsabilidades al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para cumplir con las disposiciones; el Proyecto del Senado 1196 que pretender desarrollar “Ley de Garantía de Alternativas al Consumidor en la venta de boletos de espectáculos realizados en instalaciones públicas”. Además, el Proyecto de la Cámara 1794 para establecer la “Ley de Transparencia en la Venta de Boletos para Espectáculos Públicos de Puerto Rico” y enmendar el Artículo 5 de la “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos” a los fines de establecer normas de transparencia y prácticas justas en la industria de venta de boletos. 

“No se pueden analizar estas piezas por separado, sino hacer un análisis integral del tema, donde se pueda exponer la situación que atraviesan los puertorriqueños como consumidores […] Hemos citado a entidades del Gobierno y privadas, quienes serán impactadas por estas medidas”, indicó el presidente de la comisión, Héctor Santiago Torres.

El DACO sostuvo, en su ponencia, que las tres medidas en discusión son loables. No obstante, en cuanto al P. del S. 873, aunque es una medida empática para aquellos que han sido víctimas de fraude y precios inflados por comprar por medios no oficiales o terceras personas, “la decisión de comprar o no al precio que sea corresponde al ciudadano”.

Por otro lado, en cuanto al Proyecto de la Cámara 1794, DACO está a favor de viabilizar que los promotores se vean obligados a divulgar información referente a taquillas, el contenido del espectáculo, costos y cargos, disponibilidad de boletos o espacios y los procedimientos para reembolso de boletos. De esta manera, el consumidor puede llevar a cabo una compra informada, consciente y enterado de sus derechos y responsabilidades. 

“Estamos de acuerdo con la enmienda de la Ley 182-1996 “Ley del Promotor de Espectáculos Públicos, en su Artículo 5, “Obligación de Promotor”, y con las facultades conferidas al DACO para reglamentar, implantar y darle cumplimiento a dicha ley de aprobarse”, lee la medida.

Según la empresa Ticketera, en una ponencia enviada a la Comisión, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no tiene competencia para regular la práctica de la reventa de boletos de espectáculos públicos, tales como eventos artísticos, deportivos y culturales. “No hay una ley que regule la legalidad de la reventa de boletos ni como se rija esta actividad”.

El Departamento de Hacienda, en su comparecencia, indicó que representa un reto fiscalizar las plataformas que no se rigen por las mismas normas de las compañías que se dedican a expedir boletos para espectáculos en el país.

Por su parte, el gerente general de la Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, Jetppeht Pérez de Corcho Morgado, indicó que, en cuanto a reglamentar la reventa de boletos, el CBA posee espacios limitados con un acapacidad de 200 a 1849 boletos para vender. Por tanto, el concepto de reventa “de forma agresiva” pudiese causar pérdidas a los productores en detrimento a las presentaciones de ofertas culturales variadas y de calidad para nuestros visitantes.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, Mariela Vallines Fernández, se expresó en contra de los proyectos en discusión, pues indicó que “resulta esencial que cualquier esfuerzo en esta dirección se acompañe de un análisis exhaustivo y un debate profundo”. 

Por otro lado, en cuanto al Proyecto de la Cámara 1794, Vallines Fernández dijo que es un punto de partida valioso para la elaboración de una propuesta legislativa sustitutiva que, de manera más precisa y equilibrada, resuelva los problemas y desafíos identificados.

El representante José Bernardo Marquez, quien participó de los trabajos por ser parte de los autores del P. de la C. 1794, cuestionó a la directora ejecutiva sobre la reventa para saber si se permite como industria (comprar boletos en masa y revender a un precio mayor). Villegas Fernández sostuvo que pretender entrar a limitar en cuánto la persona va a revender un boleto sería complejo. “Hay casos que el que revende hace más dinero que el productor del evento. Hay que buscar la manera de regular la cantidad de boletos que pueden obtener”.

En cuanto al presidente del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico, Roberto Sueiro Del Valle, no avala los proyectos del Senado, y si se enmienda el Proyecto de la Cámara, lo endosan. Además, no están en contra de la reventa, solo que “deberíamos regularla, y confirmar si el promotor está de acuerdo o no”.

La empresa AMS Global, institución matriz que administra el Coliseo de Puerto Rico, el Centro de Convenciones, Antiguo Casino y el Coca Cola Music Hall, se opone a los proyectos del Senado. Aunque se excusaron de los trabajos por no estar en Puerto Rico, en una ponencia que suministraron a la Comisión, señalaron que las redes sociales y los mecanismos autónomos electrónicos, conocidos como “bots”, han facilitado la promoción de las plataformas de reventa en el mercado secundario y la adquisición de grandes cantidades de boletos que luego pueden ser revendidos a precios mayores.

Los senadores William Villafañe Ramos y Rafael Bernabe Riefkohl participaron de los trabajos de la comisión.