(El Capitolio) - La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Ana Irma Rivera Lassén, realizó una vista pública para investigar varias denuncias ambientales, específicamente en la Reserva Natural Efraín Archilla Diez en Punta Santiago, Humacao; el Bosque Oubao-moin en Corozal; y en el sector de Playuela en Aguadilla. 

“Las voces de las comunidades son las que dan la voz de alerta para defender a nuestro entorno. Cada comunidad va sumando sus voces a favor de mantener el entorno natural en Puerto Rico…esto no quiere decir que estamos en contra del desarrollo. Estamos hablando de desarrollo sostenible”, manifestó Rivera Lassén, quien además cuestionó los procesos que realiza la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para la otorgación de permisos.

Asimismo, la senadora del Distrito de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, advirtió que “si una agencia no ha otorgado un permiso para realizar acciones o trabajos a un desarrollador, este no puede realizar trabajo alguno”.  “No hay respeto. Si hay un asunto de conocimiento público, hay querellas contra un desarrollador que no está respetando los procesos, esto levanta mucha preocupación”, advirtió la legisladora. 

Durante la audiencia, la bióloga marina, Lesbia Montero, compareció ante la comisión en representación de un grupo de ciudadanos de las comunidades de Humacao ante amenazas de desarrollo en la Reserva Natural Efraín Archilla Diez en Punta Santiago.

“La reserva natural se encuentra bajo mucha presión a causa del desarrollo y el cambio en el uso de los suelos…uno de los desarrollos que afecta la reserva es el Proyecto Pollito Pío LLC., que propone un proyecto mixto: residencial, comercial, industrial, agrícola y turístico en unas 19.6 cuerdas de terrenos colindantes con la reserva”, explicó la deponente.  

Asimismo, destacó que el área propuesta para el desarrollo del proyecto ha sido clasificada como un Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido Ecológico. “Las comunidades han dado la voz de alerta mediante decenas de querellas a la oficina del Cuerpo de Vigilantes del Departamentos de Recursos Naturales y Ambientales ya que el predio objeto de desarrollo fue impactado mediante deforestación y movimiento de tierra”, puntualizó Montero. 

Durante un turno, Trujillo Plumey, expresó preocupación ante la problemática y cuestionó a Montero sobre cómo impactaría el desarrollo en la reserva natural, más aún tras el paso del huracán María, cuyo paso destruyó la zona costera.

Sobre este asunto, la directora ejecutiva de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Vanessa Piñeiro Solano, afirmó que la empresa Pollito Pío cuenta con un permiso vigente emitido por el Departamento de Agricultura para realizar prácticas agrícolas autorizadas y aseguró que las actividades que conllevan movimiento de corteza terrestre se han realizado conforme al marco legal.

“El plan de desarrollo agrícola de la finca Pollito Pío, contempla principalmente, la crianza de gallinas ponedoras en semi pastoreo, complementado con siembras hortícolas, como frutales y vegetales. Este plan integra prácticas de conservación del suelo, para controlar escorrentías y evitar la erosión de este recurso.  Las actividades realizadas al momento se limitan a la apertura de brechas, pequeñas siembras de vegetales y siembra de palmas de coco”, explicó.

La senadora Trujillo añadió que “yo pertenezco a esta comunidad que ha levantado su voz. No se están haciendo ataques, se están defendiendo los predios de la reserva natural. Nos gustaría que el desarrollador converse con la comunidad”. 

Sobre la problemática en el municipio de Corozal, el presidente de Naborias del Bosque Oubao-moin Inc. y guardabosques comunitario, Ramón Rodríguez De Jesús, denunció varias situaciones en su comunidad debido al desarrollo residencial sin alegada planificación adecuada y solicitó a la Legislatura respaldo legal y político urgente para proteger este ecosistema.

“Entre el año 2022 y 2023 se han eliminado de la ribera del Río Mavilla la cantidad de 423 árboles y 294 arbustos, la empresa Jorge L. Díaz y Asoc. Inc. ha realizado actividades sin permisos de remoción de corteza terrestre, deforestación y está promoviendo la instalación de pozos sépticos cerca de cuerpos de agua”, explicó Rodríguez De Jesús, quien aseguró que el área es de alto valor ecológico donde el uso de los suelos rústicos debe ser regulado.

Asimismo, expresó que la organización comunitaria se encuentra realizando todas las gestiones legales para lograr la conservación de todos los suelos del bosque e instó al Municipio de Corozal a que tome acción para frenar el daño ambiental. “También solicitamos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, entre otras agencias públicas con injerencia, a que atienda todas las querellas realizadas sobre los daños consistentes al ecosistema. Necesitamos con urgencia un nuevo deslinde y que se enmiende en el Plan de Ordenación Territorial de Corozal la clasificación de Suelo Rústico Común a Suelo Rústico Especialmente Protegido”, mencionó entre otras recomendaciones.

Por otro lado, Suzette Quirós, portavoz del grupo comunitario “Salvemos a Playuela” también expresó preocupación con la situación que viven los residentes de la comunidad de Playuela en Aguadilla debido a la construcción del hotel Christopher Columbus Landing Resort de la compañía Caribbean Management Group.

Según Quirós, “el informe sobre la consulta de ubicación [del proyecto] revela que a pesar de que los dueños de terrenos privados dentro del valle costero de Playuela no tiene intención de vender sus propiedades, las compañías proponentes del proyecto han realizado trámites en las agencias gubernamentales para edificar en los mismos sin autorización”.

Ante esto, la deponente sostuvo que las comunidades han sido marginalizadas para acceder a los derechos humanos. “Esta desigualdad se ha visto agravada por el impacto del cambio climático y sus consecuentes desastres que afectan desproporcionadamente a las comunidades negras y pobre del país. Hemos visto cómo ha empeorado, de forma alarmante, su derecho a la salud y a los bienes básicos como el acceso al agua y a la vivienda digna”, apuntó. 

La audiencia pública se realizó en torno a la Resolución del Senado 209, que ordena a dicha comisión realizar una investigación sobre la legislación relacionada a viabilizar el mandato constitucional de garantizar los derechos, libertades y principios esenciales de igualdad humana establecidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos de América, así como descriminalizar cualesquiera sanciones penales que coarten manifestaciones públicas consumadas dentro de determinadas localidades del Estado y eliminar restricciones existentes en menoscabo de la libertad de prensa. Además, evaluará y recomendará legislación relacionada con los derechos humanos, el respeto a la diversidad y a la no exclusión, incluyendo las concernientes al cumplimiento de las políticas públicas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las normas y principios de derechos humanos.