El Capitolio - Durante la Sesión de hoy, se aprobó el Proyecto del Senado 437, de la autoría de las senadoras Joanne Rodríguez Veve y Gretchen M. Hau, para enmendar el “Código Penal de Puerto Rico”, con el fin de establecer los términos para que personas privadas de libertad cualifiquen para la consideración de la Junta de Libertad bajo Palabra (JLBP).

Este es un proyecto que busca y es un paso adicional encaminado a transformar nuestro sistema correccional que sin duda debe ser mirado para lograr los cambios necesarios para tener un sistema penal centrado en la rehabilitación de las personas privadas de la libertad. Se busca traducir en acción lo que ya está escrito en palabras en la Constitución de nuestro País. No puede quedarse en palabras bonitas, sino que nos corresponde viabilizar, crear los mecanismos para que ese objetivo se pueda llevar a cabo”, sostuvo Rodríguez Veve.

Senadora Joanne Rodríguez Veve

Asimismo, la Senadora explicó que la pieza legislativa va dirigida a que las personas privadas de libertad con término de reclusión de 50 años podrán ser considerados y evaluadas por la JLBP a los 15 años. Los menores a los cinco años, cuando actualmente pueden ser considerados los diez años de reclusión. Además, para aquellos delitos de 99 años que al presente pueden ser considerados a los 35 años de reclusión, se reduciría a 25 años. También, en los menores juzgados como adultos se reduciría de 15 años en la actualidad a 10 años, según indica la medida. 

En su turno sobre el proyecto, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén se expresó a favor e indicó que “esta es una medida que defendemos y apoyaremos y va en camino de la justicia restaurativa. Nos parece que el propósito es un meritorio”.

También se aprobó la Resolución del Senado 295, de la autoría de la senadora por el Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, para ordenar la Comisión Especial para Erradicación de la Pobreza realizar una investigación continua en torno a la ejecución de las políticas públicas estatales, federales y municipales para combatir la pobreza, el hambre, el desarrollo y la autogestión comunitaria, y del Tercer Sector.

Igualmente, la medida busca evaluar la utilización de los fondos públicos disponibles para ayudar a las familias de Puerto Rico a salir de los niveles de pobreza; fiscalizar los servicios y el estado de situación de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), con especial énfasis en las comunidades adscritas a esta agencia, la administración de la entidad, incluyendo sus finanzas, operación y el cumplimiento con el ordenamiento legal y reglamentario, según aplique.

La autora de la medida expresó que “la pobreza es una realidad compleja y diversa que nos motiva a generar respuestas que encaminen políticas de avanzada y con gran pertinencia en el quehacer público. Es decir, si no atendemos la pobreza en todos los sectores poblacionales, seguiremos impactando negativamente nuestra sociedad y la economía. Es momento de legislar para construir la plataforma de acción para erradicar la pobreza en Puerto Rico”.

Además, el Senado dio paso a la Resolución Concurrente del Senado 19 de la autoría del portavoz de la mayoría Javier Aponte Dalmau, para expresar el total rechazo de parte del Senado de Puerto Rico al aumento en la factura del servicio eléctrico actualmente conocido como “cargo de transición”. Esto, incluyendo todo cargo directo o indirecto a la autogeneración mediante fuentes renovables, dispuesto en el actual acuerdo para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), o en cualquier versión futura de este acuerdo.

Por otro lado, el Senado otorgó su consejo y consentimiento al nombramiento de Lisa Alverio Flores al cargo de Procuradora de Asuntos de Menores. Igualmente, avaló el de Alba Iris Calderón Cestero como Presidenta de la Comisión Industrial; René Acosta y Jorge Jorge Flores como Miembros de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, por sus siglas en inglés).

Asimismo, dio paso a otros nombramientos a la Judicatura como María del Pilar González Moreno para un nuevo término como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; Julio de la Rosa Rivé como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia y Carlos Javier Capó Hernández como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia.