El Capitolio – La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado realizó una vista pública para atender la situación de la migración de personas provenientes de República Dominicana y Haití a Puerto Rico, tras incidentes de migrantes fallecidos y desaparecidos en las costas del país. 

Según la presidenta de la comisión, Ana Irma Rivera Lassén, mediante la Resolución del Senado 209, “lo que se busca es actualizar la situación, sobre todo las intervenciones en aguas territoriales en Puerto Rico sobre las personas que vienen tratando de llegar a nuestras costas y son migrantes”.

Para el portavoz de la Comunidad Haitiana en Puerto Rico, Leonard Prophil y el presidente del Comité Dominicano, José Rodríguez, la problemática en la frontera del país y la pérdida de vidas de inmigrantes se debe a la agresividad de las autoridades marítimas y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) con las embarcaciones que llegan a las costas. 

“Las autoridades cuando detectan una yola no les permite llegar a la orilla. Son las autoridades quienes crean el caos mar adentro. El propósito es inestabilizar la embarcación, todo ello con el miedo del inmigrante a ser deportado. […] Es un sentimiento muy fuerte el que me embarga pensando que las autoridades tienen por finalidad el deceso de nuestros hermanos mar adentro”, expresó Prophil en su ponencia. 

Por su parte, la abogada de política pública de la American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés), Lorimar Escudero, mencionó que “sabemos que en Puerto Rico el control migratorio recae en las autoridades federales. Sin embargo, a la luz de incidentes recientes, no hay duda de que existe colaboración entre las autoridades federales y estatales en esta materia. Sin embargo, lo que observamos es una falta de supervisión. Protocolos, información, recursos y entretenimiento en asuntos migratorios, que contribuye a agravar las situaciones de peligro para estas personas”. 

Ante esto, la ACLU propone que se adopten algunas peticiones del Grupo Interinstitucional sobre la Protección de los Refugiados y los Migrantes. Entre ellas: analizar la necesidad y el requisito de entregar a las personas recuperadas en el mar a un lugar seguro; desarticular las redes criminales organizadas que facilitan la migración irregular; investigar de forma eficaz los abusos cometidos contra migrantes víctimas de tráfico ilícito; crear condiciones adecuadas que permitan el respeto de los derechos humanos de las personas rescatadas en el mar; garantizar que los Estados cumplan con el derecho marítimo; prestar atención en la recuperación de los cadáveres; evitar la separación de las familias; rápida identificación de las personas; y por último, trabajar conjuntamente con las autoridades federales para encontrar soluciones a largo plazo. 

Durante la audiencia, la senadora María de Lourdes Santiago, argumentó que era inhumana la forma en que operan las autoridades y comentó que le “parece que lo más chocante es la forma agresiva en la que opera FURA ante esta situación”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) mediante su asesora legal la licenciada Omara Arias y el director de FURA José Rodríguez defendieron el trabajo de las agencias pertinentes tales como el Negociado de la Policía (NPPR), FURA y las Divisiones de Vigilancia Marítima.  

“Como componente máximo de seguridad de nuestro país, procuramos que nuestras intervenciones e interacciones se realicen dentro de un marco de respeto y garantizando las protecciones constitucionales conferidas a todas las personas independientemente de su origen o condición social, estatus migratorio, nacionalidad u origen étnico”, explicó la asesora legal en la ponencia del DPS. 

Actualmente, las Autoridades tienen reglas y procedimientos para llevarse a cabo en situaciones de embarcaciones de migrantes en las costas de la isla. El NPPR cuenta con la Orden General 600, Sección 626, “Intervención con Personas Extranjeras” que delinea la política pública de no discrimen contra personas por su condición de estatus migratorio, origen o condición social, nacionalidad u origen étnico. 

Las disposiciones de esta Orden “establecen salvaguardas como las siguientes: que los policías no detendrán o arrestarán a una persona con el único que los policías no detendrán o arrestarán a una persona con el único fin de determinar su estatus migratorio; que los mismos no extenderán el tiempo requerido para completar los trámites de rigor del proceso ordinario de una intervención, con el único fin de determinar su estatus migratorio; que no detendrán a una persona por un término mayor al razonablemente necesario para completar los trámites de rigor del proceso ordinario, lo que no excederá las treinta y seis (36) horas, salvo justa causa”, explicó la asesora legal de DSP.

Asimismo, la abogada de política pública de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) explicó que tanto FURA, la Guardia Costera o cualquier agencia de Gobierno debe regirse por ciertas responsabilidades como la intervención si existe la sospecha de algún delito o inmigración no autorizada. De igual forma, aunque aseguró que la situación es grave y compleja no puede precisar si se ha agravado o mejorado a través de los años. 

“Las autoridades están permitidas a intervenir solamente si tienen una sospecha razonable de que la embarcación está atada a una actividad ilegal, tal como inmigración no autorizada o el tráfico de drogas. […] Luego de que una causa para intervenir ha sido identificada, las autoridades tienen discreción para detener la embarcación o dejarla ir”, precisó.

Por otro lado, Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, organización que busca la protección de la vida humana, libertades y dignidad en el país expresó que existe otra problemática ante la situación de migrantes, luego que estas personas llegan al país. 

“Al llegar, las personas migrantes que han sobrevivido al naufragio enfrentan una serie de desafíos y necesidades de protección. Estas personas a menudo llegan en estado de desnutrición, deshidratación y agotamiento físico y emocional, […] muchos huyen de circunstancias de peligro y desprotección en sus países de origen, buscando refugios y mejores condiciones de vida en Puerto Rico, añadió.

A su vez, ante todas las dificultades que enfrentan al arribar en las costas, el portavoz de la Comunidad Haitiana en Puerto Rico solicitó a la Comisión la necesidad de traductores que le brinden asistencia al momento de ser detenidos, un ente fiscalizador para las autoridades que los detienen y un permiso de trabajo para sustentarse.