Insatisfechos, los senadores, ante respuestas del secretario de Justicia
El Capitolio – El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli Hernández compareció hoy, so pena de desacato, a una vista ejecutiva conjunta de las comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción; y de lo Jurídico y Desarrollo Económico.
El secretario fue citado ante ambas comisiones para continuar la investigación que surge en torno a la Resolución del Senado 933, de la autoría de los presidentes de ambas comisiones, el senador José Vargas Vidot y el presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago, para investigar el manejo administrativo conducente a la excarcelación de confinados en virtud de la Ley 25-1992 y tras los acontecimientos que involucran al confinado Hermes Ávila Vázquez.
El presidente del Senado responsabilizó al gobierno ya que, Emanuelli Hernández es el tercer secretario en ser citado so pena de desacato, durante la investigación que surge en torno a la resolución; anteriormente, habían sido los secretarios del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado López; y del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón.
“Ha sido bien difícil solicitar documentos que son públicos, hemos tenido que ir a los tribunales. Este es el tercer secretario que hemos tenido que decirle que si no viene tenemos que ir a los tribunales para lograr que comparezca”, agregó.
Tras no comparecer a la citación inicial, el secretario de Justicia le solicitó directamente al presidente del Senado, declarar mediante una vista ejecutiva, a lo que ambas comisiones accedieron. “Luego de citar al secretario, éste se comunicó y nos dijo que estaba disponible para declarar, pero le solicitaba a este Senado declarar en vista ejecutiva, porque no quisiera entrar en los hechos específicos de la investigación”, comentó el presidente del Senado.
“De ninguna manera podemos intervenir en una investigación que está haciendo otra agencia, pero la Resolución que fue aprobada por mayoría en este Senado les da la autorización a ambas comisiones de actuar basado en esa resolución y una investigación”, añadió.
Del mismo modo, Vargas Vidot explicó que no se puede apartar la interpretación de la Ley 25 de 1992 y el caso del ex confinado ya que, “esta resolución no se da en un vacío, si no que nace posterior al asesinato que comete Hermes Ávila al ser liberado bajo la Ley 25”. De igual forma, señaló que, “fue el propio secretario de justicia, que el pasado 25 de junio dijo que el informe de su oficina (de la investigación de Hermes Ávila) estaría listo el día 15 de septiembre”, situación que no cumplió y por lo que fue convocado.
Ambas comisiones se reunieron en el salón Roberto “Bobby” Rexach Benítez del Senado junto al secretario del DJ, cumpliendo con las obligaciones de una vista ejecutiva a la que solo los senadores y las comisiones, tienen acceso. Sin embargo, al salir, los senadores se mostraron descontentos e insatisfechos con las respuestas que brindó Emanuelli Hernández.
“En esta vista no se dijo absolutamente nada que el pueblo de Puerto Rico no pudiera escuchar. No había ninguna razón para hacer una vista ejecutiva”, reveló el senador Rafael Bernabe Riefkohl.
Trasfondo de la citación, so pena de desacato, a vista ejecutiva:
El secretario del DJ, a través de una carta, indicó que no comparecería a los trabajos de la vista conjunta de las comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción; y de lo Jurídico y Desarrollo Económico.
“Conforme la discreción que ostenta el Secretario de Justicia de brindar asesoramiento a la Asamblea Legislativo según lo estime pertinente, le informo que no estaremos compareciendo a la vista”, lee la carta enviada por Emanuelli Hernández.
Ante esto, el senador Vargas Vidot sostuvo “que básicamente lo que Emanuelli dice es que, finalmente se queda en la discreción del secretario, o sea cuando él quiera” venir a una convocatoria de audiencia en el Senado.
De igual forma, en la comunicación enviada por Emanuelli Hernández, este, anticipó que el DJ próximamente estaría informando sobre los hallazgos de sus investigaciones sobre el caso de la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez en virtud de la Ley 25 de 1992, que terminó con el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega.
“Si bien el proceso investigativo de la Rama Ejecutiva no ha concluido, ello no constituye un impedimento para que prosiga la investigación del Poder Legislativo. […] Los asuntos atendidos por el DJ en torno a los hechos relacionados con la excarcelación del señor Hermes Ávila Vázquez serán informados al pueblo de Puerto Rico oportunamente”, añadió en la misiva el secretario.
Por su parte, el senador Vargas Vidot, explicó que la citación a esta vista pública no interviene con los procesos del Departamento de Justicia ni sus investigaciones ya que, el propósito de esta es evaluar la interpretación de las regulaciones y reglamentaciones que permitieron la excarcelación de Ávila Vázquez.
“La invitación a él no implica meternos en la investigación de justicia, más bien es consultarle más bien es consultarle a él, para lograr lo que es la encomienda de esta Comisión que es revisar la Ley 25, revisar los reglamentos que tratan de darle carácter operacional a esa Ley, que permitieron lo que ha ocurrido. […] Lo que queremos es extinguir nuestra responsabilidad. No podríamos obviar la dimensión de la interpretación del secretario de Justicia. Es por esto por lo que lo citamos”, indicó.
Esta vista de seguimiento se realizó, luego de continuas audiencias donde han comparecido Uticorp, Physician Correctional Health, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, médicos y especialistas, entre otros. Cabe resaltar que, la Resolución 933 se aprobó el 6 de mayo y desde entonces se han citado siete vistas, además de ser redactado un informe parcial el 28 de junio de 2024. A raíz de esto, los secretarios del DS y del DCR los que recomiendan convocar al secretario de Justicia.
El pasado martes, Uticorp destapó una serie de irregularidades en torno a Physician Correctional y la forma en la que cumplían con sus obligaciones mediante el contrato con el DCR. En su comparecencia lo catalogaron como “incumplimento de contrato”.
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