El Capitolio- La presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, Migdalia González, atendió hoy el Proyecto del Senado 591, que busca establecer la “Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y la preservación de la vida".

La pieza legislativa, de la autoría de los senadores novoprogresistas, Keren Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz, tiene como propósito garantizar que toda mujer que se someta a un procedimiento para finalizar un embarazo pueda tener la seguridad de que fue debidamente informada, que el médico que realice dicho procedimiento esté autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico y que este cuenta con el consentimiento informado de la paciente.

Durante la audiencia pública fueron citadas a deponer varias organizaciones a favor del aborto, las cuales manifestaron su oposición a la medida, por entender que es innecesario que se restrinja más el derecho al aborto y no existir ningún problema de salud pública relacionado.

Como médica salubrista me opongo al PS 591 ya que aumenta el problema de acceso a los procedimientos de aborto en Puerto Rico entre los adolescentes y potencia abortos inseguros en este renglón de la población. No mejora, protege, ni salvaguarda la salud de la mujer e impone más impedimentos para que se puedan mejorar, atemperar a nuevas maneras o técnicas de terminaciones de embarazo el elevar el reglamento de salud vigente a ley”, manifestó la doctora con especialización en obstetricia y ginecología, Yarí Vale, quien también es profesora auxiliar de del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico

La presidenta de la comisión legislativa cuestionó a la deponente con cuánta frecuencia el Departamento de Salud realiza inspecciones a las clínicas de aborto, donde se realizan alrededor de 30 terminaciones de embarazo. Vale respondió que se inspeccionan una vez cada dos años, se hacen las correcciones, se les informa y van a la clínica. Añadió que en Salud son minuciosos en sus investigaciones. Indicó que alrededor de 30 al mes y en las primeras 12 semanas.

González pidió al personal técnico de la Comisión solicitar al Departamento de Salud un informe detallado por edad de los abortos que se llevan a cabo en Puerto Rico, así como con los hallazgos hechos a las cinco clínicas de abortos en el país.

Por su parte, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, expresó que este proyecto de ley es contrario a lo establecido en Puerto Rico en estos procedimientos y preguntó a la deponente la edad promedio de las pacientes que acuden a la clínica para llevar a cabo el proceso de aborto.  Vale mencionó que en menores de edad ronda entre 14 a 15 años y en mujeres adultas entre los 20 y 29 años, que por lo regular ya tienen un hijo o más, y son madres solteras.

Mientras, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, preguntó a la doctora si entiende que dicha práctica actualmente carece de algún marco legal. Ante esto, Vale respondió que no y que esta práctica es altamente regulada. “Por estadísticas del Departamento de Salud las complicaciones son mínimas”, añadió la doctora.  

También participó como deponente, Mayra Díaz, representante de la Campaña Nacional por el Aborto, Libre, Seguro y Accesible, quien manifestó que considera totalmente innecesario que se restrinja más el derecho al aborto en Puerto Rico y sostuvo que “no existe ningún problema de salud pública relacionado al aborto que amerite legislación adicional y se opone a la aprobación del PS 591”.

En la misma línea, la deponente sostuvo que “el propósito que identificamos que tiene este proyecto es restringir el derecho al aborto, muy particularmente para las personas menores de edad, ello a pesar de que no se muestra evidencia de que exista en Puerto Rico un problema con el consentimiento de las personas gestantes menores de edad que amerite atención legislativa”.

Asimismo, la licenciada Amárilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto Matria, expresó su oposición a la pieza legislativa. “Este proyecto de ley es un intento de revivir temas que fueron discutidos en el cuatrienio pasado con otros proyectos de ley como PS 590 y que en las vistas públicas que se realizaron de manera atropellada se pudo evidenciar que el aborto es legal y ya está regulado en Puerto Rico”.

Además, manifestó su postura en contra de la medida la profesora Patricia Olivieri, en representación de la organización Inter-Mujeres, indicando que el PS 591, representa un retroceso en materia de derechos humanos y particularmente de derechos sexuales y reproductivos porque con la imposición de restricciones para el acceso al aborto de las menores de edad, impone la maternidad forzada. “La imposición del requisito de tener que acudir a buscar una orden en el tribunal es sumamente oneroso para las menores”, añadió Olivieri.