En su turno, el portavoz alterno del Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa, preguntó si la aprobación de este proyecto sería un retroceso en el estado de derecho. Montaner dijo que no, porque los hospitales no deben ser culpable en un caso, si no se presenta evidencia de negligencia. Añadió que fue un error incorporar la responsabilidad objetiva. “Lo que busca este proyecto es atemperarlo a los litigios de los casos”, dijo Montaner.

De igual manera, compareció a deponer el licenciado Victor Galán, asesor legal de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), quien favoreció la medida. “La ACAA reconoce el propósito meritorio tras la redacción del P. del S. 43, por lo que expresa su apoyo y favorece las enmiendas sugeridas a la Ley Núm. 55-2020, según enmendada”, sostuvo el deponente.

En la misma línea, Galán indicó que “realizar estos cambios permitiría que la responsabilidad de las instituciones hospitalarias sea una vicaria, en lugar de una objetiva, lo que les permitiría nivelar con los otros co- causantes del daño, lo pagado a causa de la culpa o negligencia incurrida dentro de un término de tiempo establecido y resultaría ser el remedio más adecuado para la víctima del acto negligente o culposo al permitirle opciones adicionales para resarcir sus daños”. El deponente aclaró que la ACAA contrata proveedores que brindan servicios médicos.

A preguntas de Soto Aguiliú, el deponente de ACAA indicó que en términos de que si va a haber posiblemente más litigación, indicó no creer que sea así porque son unos criterios específicos que hay que cumplirse para que esto pueda ser eficaz. “Esto lo que va a hacer es que los hospitales van a ser más rigurosos con sus medidas estrictas para poder contratar a los médicos. Yo creo que esto resultaría eficazmente en la salud médica, en los pacientes. Me parece a mí que en este sentido, no solamente creo que esto no va a causar más litigación, sino al contrario, yo creo que esto lo que va a hacer es llegar a un punto donde se pueda ejercer verdadera justicia con relación a todos los componentes del sistema”, afirmó Galán.

Por otro lado, compareció a deponer el licenciado Ariel O. Caro Pérez, presidente de la Comisión de Salud del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. “En nuestra evaluación, entendemos muy respetuosamente que esta medida no se justifica, representa un retroceso en la protección de los derechos de los pacientes y una alteración injustificada del balance de intereses que debe existir en las reclamaciones por impericia médica”, dijo Caro en oposición a la pieza legislativa.  Caro añadió que “esta medida favorece a los hospitales y no a las franquicias médicas”.

El senador de mayoría, Wilmer Reyes Berríos, preguntó a Caro si considera que la responsabilidad objetiva es un remedio suficiente. El deponente respondió que es una medida correcta en los supuestos que se incluyeron en el caso de franquicia médica y los pacientes que acuden sin referido médico, que es como está actualmente establecido.