2 de Mayo de 2025

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Alcaldes del Distrito de Ponce exponen necesidades durante Comisión Total


Peñuelas, Puerto Rico — En el contexto de la Comisión Total Especial del Senado de Puerto Rico, presidido por el senador Thomas Rivera Schatz, celebrada en el municipio de Peñuelas, los alcaldes del Distrito Senatorial de Ponce presentaron sus preocupaciones y necesidades prioritarias ante el Alto Cuerpo.

Entre las prioridades, los alcaldes hicieron énfasis en la precariedad fiscal tras la eliminación del fondo de equiparación, la urgencia de rehabilitar carreteras e infraestructura pública, y la necesidad de inversión en agua potable, vivienda, servicios esenciales y desarrollo económico.

La alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, destacó los esfuerzos que realiza el municipio para impulsar el desarrollo económico, incluyendo mejoras al Puerto de Las Américas, revitalización del centro urbano y la promoción del turismo. No obstante, urgió atención inmediata a proyectos de infraestructura vial, educación y vivienda, señalando que muchas de estas iniciativas están detenidas por trámites burocráticos o falta de asignaciones concretas. A su vez, invitó a la legislatura a explorar opciones para controlar la alta cantidad de animales realengos que incluyen perros, gatos y caballos.

El alcalde de Jayuya, Jorge L. González Otero presentó los retos que enfrenta en áreas como la infraestructura vial, los servicios esenciales y la vivienda. Destacó la fragilidad de las carreteras estatales PR-141 y PR-144, señalando que su deterioro ha limitado la movilidad de residentes y el acceso a servicios, especialmente durante emergencias.

Además, subrayó la necesidad de atender la falta de viviendas disponibles y adecuadas para familias de bajos ingresos, así como la urgencia de ampliar la oferta de servicios médicos en la zona. El alcalde también reclamó apoyo para completar proyectos de desarrollo económico, incluyendo iniciativas agrícolas que, según afirmó, pueden ser motor de crecimiento para el municipio y sus comunidades rurales.

Por su parte, el alcalde de Maricao, Wilfredo “Juni” Ruiz Feliciano, solicitó al Senado apoyo presupuestario adicional para poder retener empleados municipales, cuyos sueldos hoy son inferiores al salario mínimo estatal. Reclamó además ayuda para atender el deterioro de la carretera PR-357, proyectos de vivienda para adultos mayores y mejoras urgentes a las instalaciones deportivas municipales.

En el caso de Ciales, el alcalde Jesús E. Resto Rivera solicitó al Senado apoyo para lograr la rehabilitación de caminos rurales y carreteras estatales, así como la reparación de puentes colapsados o inoperantes. También hizo un llamado a fortalecer el acceso a servicios de salud, educación y transporte para comunidades remotas, y a impulsar proyectos de turismo rural. Aprovechó también para solicitar al gobierno central, así como a la Asamblea Legislativa la creación de un plan de reestructuración de la deuda municipal.

El alcalde de Las Marías, Edwin Soto, reclamó acción ante la pérdida de los fondos de equiparación, ya que representa una amenaza directa a la capacidad del municipio para ofrecer servicios esenciales como recogida de basura, ama de llaves y mantenimiento de instalaciones. También reiteró la necesidad de rehabilitar caminos vecinales y estatales, impulsar la agricultura y atender la escasez de vivienda digna para personas de escasos recursos.

Durante su turno, el alcalde de Adjuntas, José Hiram Soto Rivera alertó sobre el aumento en la criminalidad y la escasez de policías en su municipio. “Nuestros pueblos están sufriendo un alza en la criminalidad… y una de las cosas que estamos sufriendo, como lo están sufriendo la mayoría de los pueblos de Puerto Rico, es la falta de policía”, expresó. El ejecutivo municipal respaldó una propuesta para establecer academias de la Policía por región, con el fin de facilitar el reclutamiento y reducir el tiempo que los agentes nuevos deben pasar lejos de su lugar de residencia. En cuanto a infraestructura, reiteró la urgencia de culminar la construcción de la carretera PR-10, y denunció las condiciones peligrosas de la carretera PR-135, donde el asfalto utilizado ha provocado múltiples accidentes.

Otro de los reclamos presentados por los alcaldes fue la necesidad de devolverle a los municipios la administración de ciertos servicios esenciales. El alcalde de Lares, Fabián Arroyo Rodríguez, solicitó que se permita asumir labores como el alumbrado público, el mantenimiento de carreteras estatales, la limpieza de caminos y el transporte escolar, a cambio de una compensación justa por parte del gobierno central.

El alcalde de Sabana Grande, Marcos Valentín Flores, centró su turno en la falta de vivienda asequible tras la pérdida de inventario por los terremotos de 2020, señalando que el municipio ya ha declarado una emergencia en este renglón. De igual forma, reclamó apoyo financiero para desarrollar nuevos proyectos residenciales dirigidos a jóvenes y familias de escasos recursos y pidió asistencia para la adquisición de un camión forestal ante el riesgo de incendios en el Bosque de Susúa, así como el respaldo para culminar la remodelación de la Escuela David Antongiorgi Córdova, ubicada en la comunidad Maginas. Otras peticiones incluyeron el asfaltado de la carretera 368, la limpieza urgente del cauce del río Guanajibo, mejoras al puente de la carretera estatal 121 y la implementación de un proyecto de descongestión vehicular en la entrada del cementerio municipal.

Por su parte, el alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez reiteró que su municipio sigue lidiando con secuelas de los terremotos, incluyendo residencias afectadas, estructuras públicas inoperantes y una infraestructura que aún no se recupera totalmente. En su ponencia enfatizó la urgencia de completar proyectos de vivienda permanente para las familias desplazadas, y denunció la lentitud en los procesos de permisología y desembolso de fondos federales.

El alcalde de Yauco, Ángel “Luigui” Torres Ortiz, destacó dos áreas prioritarias para su municipio correspondientes a educación y vivienda. En materia educativa, recordó que tras los terremotos solo cuatro de las 15 escuelas de Yauco pudieron reutilizarse de inmediato, y que fue necesario adquirir estructuras privadas para asegurar la continuidad del semestre escolar. “Al día de hoy nos quedan cuatro escuelas con fondos ya obligados al Departamento de Educación que aún no han sido reconstruidas”, advirtió, al solicitar a la Comisión de Educación que le dé seguimiento al caso de Yauco y de otros municipios afectados como Guánica y Guayanilla.

En cuanto a vivienda, señaló que, aunque el municipio tiene disponibles 46 vales de Sección 8 desde hace tres años, no existen propiedades disponibles para alquilar, lo que ha detenido el uso de esos recursos. Además, criticó que durante los últimos siete años los proyectos de vivienda financiados por créditos contributivos (“toll credits”) se han adjudicado exclusivamente al área metropolitana, dejando al suroeste fuera del desarrollo habitacional. “Queremos que la Comisión de Vivienda investigue por qué los proyectos del área suroeste no han sido considerados, cuando es precisamente esta región una de las más afectadas por desastres y rezago económico”, manifestó.

En una línea similar a los otros ejecutivos municipales, el alcalde de Utuado, Jorge A. Pérez Heredia, describió la situación de los pueblos de la montaña como una de abandono histórico. Denunció la inestabilidad en el acceso al agua y la electricidad, la precariedad de las carreteras y el impacto que ha tenido la eliminación de los fondos de equiparación para los municipios de baja base contributiva. Pérez Heredia instó al Senado a legislar con una “mirada solidaria y equitativa”, destacando que la montaña también es Puerto Rico y que “no pedimos privilegios, pedimos justicia”.

A su vez, el alcalde de Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, subrayó que el municipio sigue enfrentando los efectos del terremoto de 2020, especialmente en materia de vivienda e infraestructura crítica. Reiteró su solicitud de mayor colaboración interagencial para atender el rezago en permisos y desembolsos de fondos federales. También destacó la urgencia de estabilizar las escuelas, reforzar el sistema de agua potable y apoyar al sector pesquero y agrícola como pilares del desarrollo económico local.

Finalmente, el alcalde de Peñuelas, Josean González Otero, destacó la importancia de continuar atendiendo las secuelas de los terremotos y la pandemia, así como la urgencia de reforzar los servicios esenciales en los municipios. Entre sus reclamos, señaló la necesidad de mayor colaboración y agilidad por parte de las agencias gubernamentales en la asignación de fondos para proyectos de reconstrucción, especialmente aquellos relacionados con vivienda e infraestructura crítica. Asimismo, urgió al Senado a considerar la ampliación de herramientas fiscales para los municipios, de modo que puedan operar con mayor autonomía y capacidad de respuesta.

Del mismo modo, hizo un llamado para que se priorice la descentralización de servicios del gobierno central, reconociendo que los municipios son quienes mejor conocen las realidades de sus comunidades y pueden actuar con mayor eficacia.

El alcalde de Lajas, Jayson “Jay” Martínez fue excusado de los trabajos, ya que, según se adelantó, se encuentra resolviendo la situación que atraviesa su municipio a raíz de las inclemencias del tiempo en los últimos días.

 

 

 

 

 

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