Senado de Puerto Rico

15 de Julio de 2025

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Senado evalúa medidas de impacto contributivo con enmiendas al Código de Rentas Internas

El Capitolio — La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo, llevó a cabo una vista pública para para examinar cuatro medidas que proponen enmiendas al Código de Rentas Internas, incluyendo propuestas para beneficio de estudiantes universitarios en la compra de automóvil, eximir de contribuciones las horas extras de bomberos y oficiales correccionales, y sobre vehículos subastados por municipios.

La comisión evaluó las medidas que enmiendan y añaden incisos y subincisos a la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”. En representación del Departamento de Hacienda (DH) comparecieron Alberto Rosario, subsecretario auxiliar del área de rentas internas y Johanna Rohena, asesora en asuntos contributivos. Sobre las cuatro medidas presentadas Rohena expresó que la Gobernadora ha conformado un comité para evaluar las tasas contributivas existentes y proponer soluciones para simplificar y crear un sistema contributivo más equitativo.

Padilla expresó que “solamente una medida sugiere arbitrio para Hacienda. Las demás son excepciones. Una de las cosas es que cuando estas medidas a nosotros nos llegan, inmediatamente el legislador sabe que cuando tienen impacto económico, son medidas que definitivamente tienen que ser evaluadas por ustedes en el Departamento de Hacienda”.

En primera instancia fue atendido el Proyecto del Senado 147, de la autoría de la senadora de mayoría Wandy Soto Tolentino, a los fines de añadir como deducción a la planilla de contribución sobre ingresos los intereses sobre préstamos de automóviles en que incurren los estudiantes universitarios en Puerto Rico.

Rohena señaló que “en el cumplimiento cabal de nuestra responsabilidad, es preciso expresarle a esta honorable comisión, que tal cual fue sometida la medida para nuestra evaluación, esta pudiera tener un impacto fiscal de $4.5 millones anuales”. Asimismo, se refirió a un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) donde el impacto fiscal ronda entre $3 millones a $5 millones en los próximos años.

A preguntas de Padilla sobre si recomiendan la aprobación de la medida, la deponente contestó que como está redactada no. Asimismo, Rohena explicó que “estamos buscando simplificar y la medida como esta escrita esa planilla no se procesaría automática porque tiene una evidencia, requiere evidencia de préstamo, requiere evidencia de que el estudiante esté a tiempo completo. La planilla lo que hace es que la va a sacar del carril para que un empleado tenga que entonces corroborar esa evidencia también”.

Por su parte, Soto sostuvo que hay varias tablas y excepciones que si se explora con un poco más de detenimiento se podría sacar algo favorable. “No tajantemente decir que no es viable y que no se favorece, no es una opción para mí. Porque no estoy hablando de cientos, estoy hablando de miles de estudiantes que se atienden”. También, Soto manifestó que está abierta a enmiendas. Rohena sostuvo que “nos llevamos la asignación para seguir auscultando alternativas”.

De otro lado, fue evaluado el Proyecto del Senado 188, presentado por petición a través del senador de mayoría, Ángel Toledo López, a los fines de eximir del pago de contribuciones, los ingresos devengados por concepto de las horas extras trabajadas por los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), y por personal de rango del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

Rohena expresó igualmente reservas con la medida. “Reconocemos que las funciones del mencionado personal son esenciales a la seguridad pública de Puerto Rico. Aun cuando consignamos nuestro respeto y admiración a estos servidores públicos, entendemos que la medida no identifica la fuente de fondos que compensen la reducción de ingresos que representaría la aprobación de esta. Además, señaló que la OPAL ha publicado un informe relacionado con el proyecto de referencia, donde indica el estimado de impacto que ronda los $418,767 para el 2026 y así sucesivamente en los próximos años.

Padilla sostuvo que se debe mirar la medida como una loable. Igualmente, la senadora preguntó cuál sería el impacto fiscal estimado de la medida sobre el gobierno. Rohena indicó que la medida no menciona ese impacto fiscal por lo que no se puede hacer un desglose. A preguntas de la senadora si la medida cumple con los requerimientos de la Junta de Supervisión Fiscal, la deponente respondió que no. A la vez, Rohena añadió que “queremos que quede en récord que estamos auscultando posibilidades porque sabemos que es una medida de justicia”. Además, Padilla solicitó al DH que envíen a la comisión sugerencia de enmiendas al proyecto.

Sobre esta medida, igualmente participó como deponente Luis Cordero Rivera, en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Cordero sostuvo que el DSP favorece la pieza legislativa. “Coincidimos con la Exposición de Motivos, puesto que reconocer este beneficio es otro paso a la dirección correcta de justicia salarial. Sin duda, esta legislación tendrá el efecto de reciprocar la encomiable labor que este grupo de primeros respondedores realiza en favor de la ciudadanía. Por ello, favorecemos que se equipare los beneficios de los Bomberos con los Negociado de la Policía”, dijo Cordero.

A la vez, el deponente manifestó que favorecen incluir a los oficiales correccionales, pero estos pertenecen a una agencia que no está integrada al DSP, por lo que recomendaron auscultar la posición de ellos. Sobre este particular, Padilla informó que la comisión recibió memorial explicativo de parte del DCR donde indican que avalan la intención para que se incluya su personal.

En un turno, el senador de mayoría Héctor “Gaby” González López, preguntó si al presente a los bomberos se les está haciendo el descuento en horas extras. Rohena respondió que al momento no tienen la información, pero estarán corroborando la misma y sometiendo el detalle a la comisión.

De otra parte, fue evaluado el Proyecto del Senado 218, de la senadora de mayoría Nitza Moran Trinidad. La medida tiene el propósito de establecer que, todo automóvil, embarcación y equipo pesado del Gobierno de los Estados Unidos de América y del Gobierno de Puerto Rico que sea vendido en subasta pública estará sujeto al pago del arbitrio establecido por esta Ley. Con excepción de aquellos automóviles, embarcaciones o equipos pesados con diez años o más de haber sido adquiridos por estos, los cuales no estarán sujetos al pago del referido arbitrio.

Rohena estableció “debemos señalar que, al momento de emitir nuestro memorial, la OPAL ha publicado un informe relacionado con el proyecto de referencia, donde indica el impacto económico de la medida no se puede precisar dado que estaría basado en un alto nivel de incertidumbre”, indicó. No obstante, Rohena mencionó que aun cuando la implementación de la medida contiene un elemento de incertidumbre, dicha medida podría redundar en un costo al erario dado a que propone una exención del pago de arbitrios con más de diez años de adquiridos.

Moran en defensa del proyecto manifestó que “la medida lo que está buscando es que aquellos vehículos que todavía estén en promedio en uso, que los municipios puedan subastarlo para la venta. Pero se han encontrado que en las subastas de estos vehículos se detiene la venta porque tiene que pagar los arbitrios como si fuera un vehículo nuevo… Se busca mover ese inventario de vehículos que se van a quedar sin uso en los municipios…. El periodo de tiempo del vehículo es que tenga 10 años o más”. Asimismo, la senadora sostuvo que la medida no tiene ningún impacto fiscal al gobierno, por tal razón Hacienda y OPAL no lo detectan.

También, se expresó a favor de la medida el senador González. “Dar esa oportunidad para que ese inventario pueda salir, tenga fácil acceso y que la gente lo pueda adquirir y las agencias no lo tengan. No se creen pequeños junkers de vehículos. Hay muchos vehículos en los municipios y en las agencias que, aunque llevan 10 años o pueden llevar un poco más, pero que todavía se pueden vender porque tienen salida en mercado”.

Además, se pasó revista sobre el Proyecto del Senado 285, de la autoría del senador del Partido Popular Democrático, José L. Dalmau Santiago. A los fines de reducir las penalidades por dejar de rendir ciertas Declaraciones Informativas, Planillas y Estados de Reconciliación, Informes de Transacciones, Declaraciones de Corredores o Negociantes de Valores.

Sobre la pieza legislativa Rohena dijo no avalar la misma. La deponente que “como norma general, la imposición de penalidades en el Código tiene el fin de promover el cumplimiento y disuadir la no radicación, toda vez que la falta de cumplimiento tiene su efecto en los recaudos, así como afecta a aquellos contribuyentes que dependen de esta información; a modo de ejemplo, muchos terceros dependen del envío de informativas a tiempo para poder cumplir con sus responsabilidades contributivas”. A la vez, mencionó que la medida pudiera tener un impacto fiscal de $22 millones.

Padilla preguntó si la medida tiene el potencial de incentivar un mayor cumplimiento voluntario que compense la reducción de penalidades. Rohena respondió, “no, para nada”.