El Capitolio — El Senado de Puerto Rico aprobó, durante los trabajos de sesión ordinaria, un conjunto de medidas legislativas dirigidas a fortalecer el sistema de justicia y sus disposiciones, proteger a los consumidores y apoyar sectores vulnerables.

En primer lugar, el Proyecto del Senado 37, del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, enmienda la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico para armonizar sus disposiciones con el Código Penal de 2012. La medida establece sanciones como: en casos de posesión de hasta 10 unidades de pirotecnia se impondrá un delito menos grave con multa mínima de $500, mientras que la posesión de más de 10 unidades conllevará una pena fija de tres años de prisión y una multa mínima de $5,000. También se actualizan las penalidades en incidentes de navegación que resulten en lesiones o muertes.

El Proyecto del Senado 53, también del Presidente del Senado, eleva de $15,000 a $25,000 la cuantía máxima en reclamaciones bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, que permite tramitar cobros de dinero mediante un proceso sumario. Según la exposición de motivos, este cambio busca facilitar el acceso a la justicia, adaptarse a la realidad económica actual y descongestionar los tribunales al atender de forma ágil un mayor número de casos.

“Este proyecto en efecto lo que busca es que en vez de $15,000 se suba a un tope de $25,000. El proyecto también habla dentro del informe sobre la importancia que tiene de hacer esta enmienda para los efectos de mitigar los costos del ciudadano en común, particularmente por la inflación. Pero sí quiero decir lo siguiente, me parece que es un buen proyecto desde el punto de vista de la cantidad de casos que se están viendo en sala de investigaciones, el año pasado fueron 14,000”, expresó la senadora Roxanna Soto Aguilú.

Por su parte, el Proyecto del Senado 57, de la autoría de Rivera Schatz, refuerza la protección a los consumidores al disponer que, en casos de fraude en la ejecución de obras de construcción, el resarcimiento a la parte perjudicada será obligatorio, independientemente de si el acusado resulta convicto o se acoge a un programa de desvío. El resarcimiento consistirá en el doble del monto recibido para la obra, cerrando así lagunas legales que permitían eludir la indemnización.

El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 106, del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, que corrige una contradicción normativa entre las Reglas de Procedimiento Criminal y el Código Penal de 2012. La medida uniforma el valor de conversión de multas no pagadas a prisión en $50 por cada día de cárcel, en lugar de $1 como disponían las reglas antiguas. De esta forma se asegura coherencia en la aplicación de la ley y se evita un impacto desproporcionado en personas de escasos recursos.

La senadora Soto Aguilú, también se expresó en favor de esta medida. “En Puerto Rico, las reglas de procedimiento criminal tanto aplican para la sala criminal o el tribunal de menores como para la sala de adultos. Sin embargo, desde hace más de 14 años, y estoy muy contenta con este proyecto presentado por el vicepresidente del Senado, no se ha presentado una medida legislativa para armonizar la desincronización textual que se tiene cuando a una persona en una sala penal en Puerto Rico se le impone una multa y la persona le dice al juez, no puedo pagar”, mencionó la senadora.

El Proyecto del Senado 344, del senador Ángel Toledo López, a petición, amplía el acceso a los beneficios de las tiendas militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico a empleados y retirados del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional (FIGNA), a los participantes del Puerto Rico Youth Challenge mientras estén acuartelados, y a integrantes de la Patrulla Aérea Civil durante eventos oficiales. Esta legislación reconoce el esfuerzo de grupos que, aunque no sean militares activos, han aportado significativamente a la institución y a la seguridad de la isla.