El Capitolio —Como parte de los trabajos de la Sesión Ordinaria, el Senado aprobó tres medidas de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, que busca uniformar la “Ley de Explosivos de Puerto Rico” y la “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular” con el Código Penal de 2012; así como establecer mayor certeza jurídica en casos de responsabilidad de instituciones de salud.

El Alto Cuerpo dio paso al Proyecto del Senado 40, para enmendar la “Ley de Explosivos de Puerto Rico” a los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en el Código Penal de Puerto Rico. En un turno sobre la medida el senador de mayoría, Ángel Toledo López expresó que “el proyecto lo que propone es atemperar el vocabulario de la ‘Ley de Explosivos’ a ese que aparece en el Código Penal. No hace absolutamente nada más”.

Entre las enmiendas propuestas está el Artículo 26 (Penalidad por uso ilegal), el proyecto busca que, en lugar de ser castigado con "pena de delito grave de segundo grado", la persona convicta sea sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 15 años. Por su parte, en relación con el Artículo 27 (Penalidad por posesión con propósitos ilegales) el cambio propuesto es que la persona que incurra en este delito, en lugar de un "delito grave de tercer grado", sea culpable de delito grave y castigada con pena de reclusión por un término fijo de ocho años.

Además, en cuanto al Artículo 28 (Posesión ilegal): para la posesión ilegal con propósitos distintos a los de daño o terror, la enmienda establece que, en lugar de simplemente ser un "delito menos grave", el culpable será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de seis meses. Adicionalmente, el tribunal a su discreción podrá imponer una multa que no excederá de cinco mil dólares.

Igualmente, fue aprobado el Proyecto del Senado 41, para enmendar la “Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular” con el propósito de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en el Código Penal de Puerto Rico. “El proyecto propone enmendar cualquier referencia que tenga la Ley sobre el antiguo sistema de penas establecidos por el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2004 por el actual sistema de penas fijas promulgado por el Código Penal de Puerto Rico de 2012”, indica el informe de la Comisión de lo Jurídico que trabajó la medida.

De la misma forma, el informe sostiene que “la Comisión coincide en que la aprobación de la medida es necesaria para promover y mantener un ordenamiento jurídico-penal coherente y armonioso, y para que la aplicación de las penas sea uniforme, clara y consecuente, libre de ambigüedades o vacíos legales”. También, el informe cita que “un ordenamiento penal estructurado de forma sistemática y precisa no solo facilita la labor de los tribunales en Puerto Rico al momento de interpretar y aplicar la ley, sino que también garantiza mayor certeza jurídica para los acusados”.

A su vez, recibió aval el Proyecto del Senado 43, para insertar y renumerar incisos al “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que las instituciones de cuidado de salud responderán vicariamente y no objetivamente por los daños que causan personas que operan franquicias exclusivas de servicios de salud en dichas instituciones o por los daños causados por personal de la institución a un paciente que accede directamente sin referido de un médico primario.