Senado evalúa extender límites de responsabilidad civil a hospital en Carolina
El Capitolio — La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, presidida por la senadora Nitza Moran Trinidad, analizó en vista pública hoy, la medida para extender los límites de responsabilidad civil por impericia médico-hospitalaria al Doctors’ Center Hospital San Fernando de Carolina, aunque sea operado por una institución privada.
“La medida es muy loable, busca brindar servicios tan básicos como los de salud a la comunidad que se encuentra allí. En Mayagüez se hizo con ese propósito, porque Mayagüez no contaba con esos servicios inmediatos; con cuidado intensivo, algunas salas especializadas y todo lo demás, así que realmente se está atendiendo la comunidad y me parece que el fin de la medida que presentó la senadora del Distrito de Carolina tiene esos méritos, conseguir lo mismo en su distrito senatorial”, expresó la senadora Moran Trinidad.
El Proyecto del Senado 631, presentado por la vicepresidenta senatorial, la senadora Marissa Jiménez Santoni, para enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico. La medida responde a la política pública vigente mediante la cual el Gobierno ha reconocido a varias instalaciones de salud, incluyendo hospitales municipales y centros académicos, bajo el mismo marco de responsabilidad del Estado en casos de reclamaciones por daños y perjuicios.
El proyecto subraya que el hospital en Carolina, propiedad del Municipio pero administrado por Doctors’ Center, ofrece una amplia gama de especialidades y funciones académicas, convirtiéndose en un recurso esencial para la región. En la exposición de motivos se enfatiza que, ante la falta de médicos y el cierre de facilidades en distintas áreas de la Isla, es deber de la Asamblea Legislativa proteger y asegurar la continuidad de los servicios médicos disponibles para los ciudadanos. Al incluir este hospital dentro de las instituciones amparadas bajo los límites de responsabilidad civil, se busca garantizar tanto la estabilidad de la institución como el acceso a servicios de salud de calidad para la población.
El presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá Cortés, respaldó la aprobación del Proyecto del Senado 631, al considerar que la medida corrige una inequidad y fortalece la red de servicios de salud a nivel municipal. En su ponencia, destacaron que la propuesta está alineada con la política pública de garantizar acceso a servicios médicos de calidad mediante la colaboración entre el sector público y privado, una herramienta clave frente a la escasez de médicos, cierres de facilidades y limitaciones fiscales.
Subrayaron que el Doctors’ Center Hospital San Fernando de Carolina, aunque operado por una entidad privada, cumple con todos los criterios para recibir la misma protección legal en cuanto a los límites de responsabilidad civil por impericia médico-hospitalaria, tal como ya se hizo con otras instituciones similares como el Hospital San Antonio de Mayagüez.
“Esta colaboración ha sido una herramienta clave para mantener operativas muchas facilidades de salud ante los múltiples desafíos que enfrenta nuestro sistema, como la escasez de profesionales médicos, el cierre de instituciones, y las limitaciones fiscales que afectan a municipios y al gobierno central”, destacó Plá Cortés.
A su vez, aunque a favor, recomendaron se enmiende la pieza legislativa para que extienda esta protección a otras facilidades médico-hospitalarias municipales operadas por entidades privadas bajo contratos autorizados, incluyendo hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento y otras instalaciones de salud esenciales, como parte de un principio de colaboración público-privada.
Por su parte, la licenciada Belinda Lee Toro Palacios, en representación del Doctors’ Center Hospital San Fernando de Carolina favoreció la aprobación del P. del S. 631 al entender que es una acción jurídicamente justa y consistente con precedentes como la Ley 90-2017 que aplica al hospital mencionado en Mayagüez. También, subrayaron que la medida es indispensable para garantizar estabilidad operacional, retener profesionales médicos y asegurar que los ciudadanos de Carolina y pueblos vecinos reciban servicios de salud de alta calidad en igualdad de condiciones.
Asimismo, la licenciada Toro Palacios aclaró que la propuesta no elimina el derecho de los pacientes a presentar reclamaciones ni a recibir indemnización en casos de impericia médica. Lo que establece es una limitación razonable al monto de compensación imputable al hospital por actos de negligencia médico-hospitalaria cometidos por empleados, contratistas y médicos con privilegios. “La estructura al ser gubernamental no estaría sujeta a embargos por reclamaciones. Por su parte, en aquellos casos donde aleguen actos de impericia médica, las víctimas tendrían un límite de responsabilidad hasta $75,000 o $150,000”, según la ponencia del secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero.
Tanto la Comisionada de Seguros, Suzzette Del Valle Lecároz como el Departamento de Salud se posicionaron a favor de la pieza legislativa pues entienden que se ajusta a la política pública de proteger el acceso de la ciudadanía a servicios de salud.
Finalmente, la senadora Moran Trinidad comentó que considera importante crear mayor legislación relacionada a hospitales pertenecientes a los municipios o gubernamentales, pero son administrados por entidades privadas, para atemperar las leyes sin tener que continuamente enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico.
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