El Capitolio – La Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda, que preside la senadora Migdalia González Arroyo, retomó hoy la evaluación del Proyecto del Senado 780 que busca se adopte un protocolo uniforme y eficiente para todos los municipios en cuanto a la declaración de estorbos públicos y expropiaciones forzosas.

“Ha quedado claro, a través de la discusión [de las vistas públicas], que lo más importante es que se pueda corregir esa condición de estorbos públicos y que finalmente se puedan rehabilitar esos espacios. Me parece que el proyecto tiene muy buena probabilidad de que sea aprobado… un informe positivo es lo próximo que estaremos rindiendo”, expresó González Arroyo en un aparte.

En esta ocasión la Comisión citó a deponer a Appraisal Institute Puerto Rico, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat y el profesor Frank Alexander del Center For Community Progress. Mientras, en la audiencia pasada el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y la Asociación de Alcaldes avalaron la medida, pero con diversas enmiendas.

Durante su alocución, el vicepresidente de Appraisal Institute, Luis Fernando Delgado, felicitó a la Legislatura por la medida ya que “ha sido una de nuestras preocupaciones y recomendaciones por años”. Dicha organización favorece la pieza legislativa con algunas recomendaciones en cuanto a los requisitos que deben tener los tasadores, ya que la tasación sería para efectos de expropiación.

Entre los requisitos que recomendaron con los que debe contar un tasador, es que deben “poseer una licencia de tasador de Puerto Rico vigente y tener experiencia en trabajos de expropiación y en el tipo de propiedad a ser tasada”.

“Recomendamos estos requisitos toda vez que no todos los tasadores con licencia en Puerto Rico poseen la competencia en el área de expropiación y a la misma vez no todos los tasadores tienen experiencia en todo tipo de propiedades (residenciales, multifamiliar, oficina, al detal, hoteles, históricas, afectadas por alguna condición ambiental etc.)”, destacó Delgado.

A preguntas de la senadora González Arroyo sobre cuántos tasadores hay en Puerto Rico con licencia; Delgado respondió que hay unos 350 tasadores con licencia de Puerto Rico. Aclarando que también hay tasadores con licencia federal.

Otra de las recomendaciones que ofreció Delgado fue crear un mecanismo donde una vez expropiada la propiedad se traspase a un desarrollador, contratista, inversionista bajo un contrato que establezca varios criterios.

Entre ellos “demoler la estructura existente en 90 días de haber sido traspasada la misma, tiene un periodo de dos años para comenzar a construir o desarrollar algún nuevo proyecto en ese solar y de no cumplir con lo establecido anteriormente, se traspasan nuevamente las propiedades al municipio”.

En iguales términos, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH) avaló la medida con recomendaciones. “[Este proyecto] es una reforma crucial en el proceso de recuperación de Puerto Rico. Entendemos que, esta pieza legislativa es una de las más importantes para atender el problema de abandono en las recientes décadas. Por otro lado, presentamos varias recomendaciones sobre artículos que entendemos podrán ser revisados y ajustados para garantizar la intención legislativa del proyecto y perfeccionar aún más el balance entre derechos propietarios, intereses del estado y el bienestar de nuestras comunidades”, destacó la licenciada Michelle Alvarado Lebrón abogada comunitaria.

Durante su presentación ofrecieron varios datos levantados por la organización y los municipios y quedaron en entregarlos a la Comisión. Entre los datos ofrecidos encontraron que hay 373, 424 unidades vacantes y que se desconoce cuántos espacios industriales y para negocios existen.

Entre las recomendaciones que hizo el CRH estuvo el eliminar la expropiación por tercero. Según Luis Gallardo Rivera, director ejecutivo de CRH, “esta disposición promueve los traspasos detrás de puertas cerradas, sin un proceso transparente de competencia. Mas aún, al requerir que un comprador tenga el valor de la propiedad en efectivo, se está excluyendo dicha propiedad de servir como vivienda asequible”.

Ante esa recomendación, el senador Rafael Bernabe preguntó desde cuándo se han dado esas expropiaciones y desde cuándo ha incrementado. Gallardo Rivera respondió que se han dado desde el 2012, pero han aumentado desde hace dos años al presente, sobre todo en las zonas mercadeables. Asimismo, advirtió que el artículo 4.012 en el Código Municipal podría convertir al municipio en un bróker.

La Comisión expresó que hoy sería la última vista pública sobre esta medida y en la audiencia participaron las senadoras Elizabeth Rosa Vélez y Rosamar Trujillo Plumey.