El Capitolio- Como parte de la tercera vista pública convocada por la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía que preside el senador Javier Aponte Dalmau, mediante la Resolución del Senado 588 para investigar el contrato de LUMA Energy, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, Yandia Pérez, manifestó que la situación actual de dicha empresa y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) retrasa el desarrollo socioeconómico del país.

“Esta vista con la Asociación de Industriales ha sido esencial. Los puntos que ellos han traído como entidad privada, como entidad independiente del cual han definido específicamente los defectos en el lenguaje de este contrato y por primera vez, se reconoce aquellas áreas en el contrato donde LUMA con toda probabilidad está logrando el mayor incumplimiento. Es la primera ponencia que reconoce asuntos de la mitigación de los fondos de recuperación del huracán [María] y que en esta área ha sido a través de dilemas entre la AEE y LUMA quienes han encontrado el mayor problema a través del COR 3 y FEMA para el cumplimiento de estas mejoras. Además de las áreas donde el contrato debe evaluarse y modificarse”, destacó Aponte Dalmau. 

La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales manifestó que “con energía cara, ineficiente, sucia, no puede haber promoción industrial, ni desarrollo económico sostenible”. Igualmente explicó que el incumplimiento de LUMA con el mandato de Ley y de la AEE de marginar los mandatos de la Ley 17, “además se une a una ineficiencia operacional de parte de LUMA que también pretende marginar la Ley 17. Este planteamiento no son meras expresiones generales”.

“El efecto del colapso AEE/LUMA se manifiesta en un servicio poco confiable, inestable y de alto costo. Esto es una receta para impedir el desarrollo socioeconómico con el cual está comprometido el país y en particular la AIPR y su membresía”, añadió Pérez, quien estuvo acompañada de José Pou y José Feliciano, miembros de la Asociación.

Pérez explicó que las nuevas leyes 57 de 2014 y 17 de 2019 establecen parámetros claros de eficiencia energética, establecen el desarrollo de la implantación de la energía renovable llegando al 100 por ciento en el 2050, abre y ordena al sistema a interconexión de energía distribuida, micro y minigrid, establece el Wheeling, manejo de demanda de energía siendo estos otros derechos/deberes de los consumidores.

También, la deponente sostuvo que nadie está a cargo de la supervisión de LUMA. “Esta situación antes señalada se complica porque la ‘supervisión de LUMA está fraccionada y el resultado es que nadie está a cargo. Ni la AEE, ni la APP, ni AFFAF, ni COR3, en fin, repetimos nadie está a cargo. Por lo tanto, la responsabilidad tiene que recaer en cuanto a la ejecución ejecutiva en el Gobernador”.

Aponte Dalmau preguntó por qué no llegaron las principales empresas norteamericanas de energía a participar de la subasta para el contrato de transmisión y distribución de energía. Pérez respondió que no tiene las razones, pero dijo “es preocupante que siendo nosotros el segundo sistema energético más grande de Estados Unidos no vinieran empresas de la más alta calidad a Puerto Rico”. También, expresó que las condiciones en el país no son atractivas para estas empresas porque el equipo está obsoleto. Igualmente, a preguntas del senador sobre si le parece que esto ha sido sospechoso, la deponente respondió que es cuestionable.

El también portavoz de la mayoría y senador por el distrito de Carolina preguntó si la Asociación de Industriales ha realizado algún estudio de daños sobre este contrato. Pérez señaló que “no en detalle porque no hay acceso a la información”. A la vez, mencionó que es difícil evaluar si ciertas cosas se están dando. Dijo que el problema serio es la desconexión de las partes para llegar a ese punto de la meta en energía renovable.

Sobre dicho contrato, Pérez mencionó, que el mismo es pobre en su redacción y padece de serios defectos. A manera de ejemplo detalló que la distribución de riesgos es absolutamente desbalanceada entre la AEE y a favor de LUMA; la inmunidad de LUMA por los daños que cursa su negligencia; la falta de controles adecuados para el “pass through” de costos de las propias afiliadas de LUMA y la absoluta falta de estructura de supervisión de la operación de LUMA tanto en la AEE como en la APP; entre otros factores.

A su vez, la vicepresidenta de la Asociación presentó recomendaciones para atender el problema de manera inmediata como establecer un plan ordenado y técnicamente viable para reemplazar el retiro de plantas de generación del sistema; establecer acciones para integración de nueva capacidad/tecnología para garantizar abastecimiento de la demanda de manera confiable, económica y técnicamente sostenible; coordinar con las agencias para contar sistema de gestión de permisos que permita la integración de nuevos proyectos de energía de manera expedita; y establecer un plan y fondos para contar con un sistema Transmisión y distribución más sofisticado.

“Cada vez que se atrasa la implantación de la Ley 17, cada vez que no se hace una interconexión, cada vez que se arrastran los pies para aprobar producción privada y producción de los propios industriales y comerciantes, es un impedimento más al desarrollo económico, a la promoción económica y a la calidad de vida en Puerto Rico”, puntualizó la deponente.