(San Juan, Puerto Rico)- La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, que preside el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, celebró una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 916, medida de administración que propone establecer un sistema uniforme de registro digital y autorizar, bajo condiciones de seguridad, la circulación limitada de vehículos todo terreno, vehículos de baja velocidad y carritos de golf en vías públicas de Puerto Rico.

En la vista participaron las senadoras Migdalia Padilla, Nitza Morán y María de Lourdes Santiago, así como los senadores Carmelo Ríos y José A. Santiago, quienes realizaron planteamientos y observaciones sobre distintos aspectos de la medida.

Durante la vista, el senador Sánchez Álvarez, levantó preocupaciones sobre disposiciones que permitirían que menores de 16 años puedan ser legalmente dueños de motoras y vehículos todo terreno, señalando la necesidad de evaluar con mayor rigor los aspectos de seguridad y responsabilidad legal. De igual forma, la senadora Nitza Morán planteó objeciones relacionadas con posibles incongruencias en la medida, en particular la autorización para que carritos de golf puedan transitar por autopistas, lo que, a su juicio, requiere mayor análisis técnico y de seguridad. 

El senador Sánchez Álvarez indicó que la vista forma parte de un proceso legislativo responsable para atender una realidad existente en las carreteras y comunidades de Puerto Rico, sin comprometer la seguridad pública. “Nuestro compromiso es legislar con datos, peritaje técnico y apertura al diálogo, para lograr un balance entre el uso de estos vehículos y la protección de la vida y el orden vial”, expresó.

Durante los trabajos, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) expresó su respaldo al propósito del proyecto, destacando la necesidad de que cualquier autorización de circulación esté acompañada de un registro formal, requisitos de licenciamiento y una cubierta de seguro adecuada. La agencia advirtió que la inclusión de nuevas categorías de vehículos en las vías públicas tendría un impacto directo en el sistema de compensaciones y recomendó primas diferenciadas y enmiendas legales para proteger la autosuficiencia financiera de la corporación pública.

Por su parte, la Oficina del Comisionado de Seguros favoreció la medida, con recomendaciones dirigidas a clarificar los requisitos de seguro aplicables a estos vehículos y la integración de cubiertas de responsabilidad pública y seguro obligatorio como parte del proceso de autorización y registro.

La Policía de Puerto Rico respaldó el proyecto, recomendando que la circulación de vehículos todo terreno se limite a vías secundarias o terciarias y caminos vecinales, excluyendo autopistas y expresos, y subrayó la importancia de requisitos claros de licenciamiento, tablillas especiales, fiscalización efectiva y sanciones disuasivas para proteger la seguridad vial y el orden público. 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) expresó respaldo al Proyecto del Senado 916 como una herramienta necesaria para atender la proliferación de vehículos todo terreno y de baja velocidad en las vías públicas de Puerto Rico. Además, subrayó la importancia de la integración tecnológica entre agencias para fortalecer la fiscalización, la trazabilidad de los vehículos y el cumplimiento contributivo, al tiempo que se promueve un tránsito más ordenado y seguro. Por su parte, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) favoreció la medida al entender que atiende una de las problemáticas más persistentes de seguridad vial en Puerto Rico. La Comisión resaltó que el proyecto incorpora requisitos de seguridad personal, campañas educativas y mecanismos de fiscalización que permitirían reducir accidentes, lesiones graves y muertes.

Asimismo, la Latin American Motorcycle Association (LAMA) expresó apoyo a la modernización del marco regulatorio, particularmente al sistema de registro digital, la fiscalización y las campañas educativas, pero manifestó su oposición a que se autorice la circulación de estos vehículos y carritos de golf en autopistas y expresos, aun bajo la modalidad “Street-Legal”. De igual manera opinó la Motorcycle Safety Foundation (MSF), cuyos representantes enfatizaron la necesidad de que el lenguaje del proyecto sea claro y preciso, particularmente en el uso del término “Street-Legal”. Advirtieron que la instalación de equipos o modificaciones no convierte automáticamente a un vehículo todo terreno en apto para transitar por vías públicas, según las especificaciones del fabricante. En ese sentido, recomendaron que la legislación tome en consideración los estándares de manufactura y seguridad, así como el adiestramiento formal de los conductores, para evitar interpretaciones erróneas que puedan poner en riesgo la seguridad vial y el orden público.

El senador Sánchez Álvarez informó que celebrará una segunda vista pública el próximo 10 de febrero, en la que comparecerán otras agencias gubernamentales, así como manufactureros de vehículos todo terreno y motoras, como parte del análisis integral de la medida.