(El Capitolio, PR)- Durante la sesión ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó, entre otras medidas, el Proyecto del Senado 1184, dirigido a crear el Programa de Transición hacia la Autonomía para jóvenes que culminan el Programa de Educación Especial, y el Proyecto del Senado 1229, que fortalece y uniforma el tratamiento de los pescadores comerciales dentro de las leyes aplicables a los agricultores bona fide y los incentivos económicos.

El Proyecto del Senado 1184 de la senadora de mayoría Brenda Pérez Soto, establece un programa adscrito al Departamento de Educación para jóvenes adultos de entre 21 y 25 años. La iniciativa procura que esta población pueda continuar desarrollando destrezas ocupacionales, empresariales, tecnológicas y de vida independiente después de concluir su participación en el Programa de Educación Especial.

“Esta realidad exige una acción afirmativa por parte del Estado. El Programa de Transición hacia la Autonomía permitirá atender las necesidades de esta población y fortalecer sus competencias para insertarse en el mercado laboral o desarrollar iniciativas de autoempleo. Esta medida reafirma el compromiso del Estado con la inclusión plena, la autodeterminación y la dignidad de las personas con diversidad funcional”, cita la medida. 

Entre los servicios contemplados figuran la orientación ocupacional, social y psicológica; talleres de autogestión y emprendimiento; educación financiera; certificaciones técnicas; adiestramientos vocacionales individualizados; y apoyo para identificar oportunidades de empleo. El programa comenzará mediante un plan piloto en el Instituto Tecnológico de Puerto Rico, con miras a una expansión progresiva basada en sus resultados y en la disponibilidad de recursos.

Por su parte, el Proyecto del Senado 1229 de la senadora de mayoría Roxanna Soto Aguilú, armoniza disposiciones de la Carta de Derechos y Deberes del Agricultor y los beneficios aplicables bajo la Ley 60-2019.  La legislación procura que los pescadores reciban orientación adecuada sobre los requisitos para solicitar o renovar la certificación de Agricultor Bona Fide, así como sobre los beneficios e incentivos para los cuales puedan cualificar. Además, permite que los departamentos de Agricultura y de Desarrollo Económico y Comercio revisen o ajusten la reglamentación y los formularios necesarios para implantar sus disposiciones.

“La realidad del pescador comercial puertorriqueño exige que el Estado no solo reconozca el valor de esta actividad, sino que también garantice que se les oriente sobre los mecanismos de certificación, elegibilidad e incentivos aplicables a este sector”, expone la pieza legislativa. 

Asimismo, de la senadora Soto Aguilú fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 160, que ordena al Departamento de Recreación y Deportes, en coordinación con el Departamento de la Familia y la Administración de Familias y Niños, preparar un informe evaluativo sobre los programas de recreación adaptada para adultos mayores. El estudio deberá examinar su alcance, accesibilidad, beneficios y posibilidades de expansión.
Además, el Alto Cuerpo concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 908 del portavoz de mayoría Gregorio Matías Rosario. El proyecto propone enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes a fin de regular la práctica del deporte al aire libre para menores de edad en las escuelas y entidades deportivas dirigidas a niños y jóvenes.

Igualmente, concurrió con el Proyecto del Senado 707 del expresidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. La medida enmienda la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado, a los fines de realizar varias enmiendas para armonizar el estatuto al ordenamiento jurídico vigente. 

Como parte de los trabajos legislativos, también se le dio paso al Proyecto del Senado 1068 de los senadores de minoría María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa, que fortalece los procedimientos para reubicar a estudiantes de Educación Especial en el ambiente educativo menos restrictivo posible. La medida dispone la creación de guías uniformes para evaluar cambios de programa, ruta académica o modalidad curricular conforme al progreso y las necesidades particulares de cada estudiante.

Senado da paso a medidas de la Cámara

A su vez, el Senado aprobó el segundo informe de conferencia del Proyecto de la Cámara 822. La medida crea la Compañía de Turismo de Puerto Rico como una corporación pública con mayor autonomía administrativa, operacional y financiera, dirigida por una Junta de Directores y un director ejecutivo. La medida reorganiza y concentra en la nueva corporación las funciones, el personal, los programas, los bienes y los fondos relacionados con el desarrollo turístico; actualiza la administración y distribución del impuesto sobre el canon por ocupación de habitación; enmienda disposiciones del Código de Incentivos y de otras leyes turísticas; y deroga estatutos incompatibles con la nueva estructura.

De otra parte y en materia de seguridad, el Senado aprobó el  Proyecto de la Cámara 314, que establece la implantación obligatoria del Plan de Prevención, Acción y Mitigación de Incidentes de Tiradores Activos en las dependencias e instituciones públicas. “Del análisis integral de las comparecencias de las agencias surge un consenso amplio respecto a la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención,  preparación, respuesta y mitigación ante incidentes de tiradores activos, particularmente dentro de instalaciones públicas y espacios educativos donde convergen poblaciones vulnerables y grandes concentraciones de ciudadanos”, expone el proyecto. 

Para apoyar el desarrollo económico de los pequeños negocios (Pymes), fue aprobado el Proyecto de la Cámara 881, que aclara que una microempresa puede tener hasta siete empleados a tiempo completo o su equivalente en empleo parcial, siempre que genere ingresos brutos anuales menores de $500 mil. La medida uniforma esta definición en varias leyes de incentivos y facilita que empresas emergentes puedan solicitar programas de apoyo y capital semilla.

Además, se le dio paso al Proyecto de la Cámara 636, que faculta expresamente a los municipios, previa autorización de sus legislaturas municipales y sujeto a su capacidad fiscal, para crear programas de voluntariado. Estos programas deberán cumplir con las protecciones de la Ley del Voluntariado y no podrán utilizarse para sustituir empleos remunerados.

A su vez, se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 62, dirigida a mejorar el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de alumbrado en las calles y carreteras de Mayagüez. La resolución requiere la coordinación de LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y otras entidades pertinentes.