Carolina, Puerto Rico — El presidente de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, encabezó hoy una vista pública para evaluar la realidad que enfrentan las personas con impedimentos y discapacidad intelectual y del desarrollo en Puerto Rico ante las limitaciones existentes en los sistemas de transportación accesible en la Isla.
Durante la audiencia pública, que se celebró en el marco de la Semana de Vida Independiente, se recibieron ponencias del Consejo Estatal de Vida Independiente de Puerto Rico (CEVI), el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEDD) y el Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI), quienes coincidieron en la necesidad de establecer una estrategia coordinada, accesible y fiscalizable que garantice la movilidad y la inclusión plena de esta población.
“Cuando hablamos de transportación accesible estamos hablando de dignidad, independencia y oportunidades reales para miles de familias puertorriqueñas. Vamos a continuar evaluando alternativas viables que permitan fortalecer la coordinación entre agencias, municipios y organizaciones comunitarias para atender una problemática que impacta directamente la calidad de vida de las personas con impedimentos”, expresó el senador Sánchez Álvarez.
Durante la vista pública, CEVI explicó que la transportación accesible constituye una condición esencial para que las personas con impedimentos puedan ejercer una vida independiente, acceder a servicios médicos, educación, empleo, actividades recreativas y participación comunitaria. La entidad indicó que, según su encuesta realizada en 2023, aunque 47 municipios reportaron contar con algún tipo de transportación para personas con impedimentos, persisten limitaciones significativas relacionadas con horarios reducidos, falta de accesibilidad digital y sensorial, escasa capacitación al personal y poca disponibilidad de servicios para propósitos educativos y laborales.
CEVI también destacó que el 79.3% de los municipios identificó la falta de recursos económicos como uno de los principales obstáculos para ampliar servicios de transportación accesible, mientras que un 43.1% señaló limitaciones de recursos humanos. La organización recomendó recopilar datos actualizados, fortalecer la educación pública sobre derechos de las personas con impedimentos, mejorar la información accesible sobre servicios disponibles y evaluar modelos flexibles subsidiados de movilidad utilizando proveedores existentes bajo criterios de accesibilidad y rendición de cuentas.
Por su parte, el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo (CEDD) expuso que persisten barreras estructurales que afectan el acceso equitativo al transporte para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Según los hallazgos presentados, el 91% de las organizaciones que brindan servicios a esta población no ofrece transportación adaptada, mientras que el 61% de los participantes depende de familiares o vehículos privados debido a la falta de alternativas públicas accesibles.
CEDD recomendó el desarrollo de un Plan Estatal de Transportación Accesible liderado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), así como la creación de mecanismos de capacitación y asistencia técnica para maximizar el uso de fondos federales disponibles, incluyendo el programa federal Section 5310 de la Administración Federal de Tránsito. Además, favoreció la implementación de modelos innovadores de movilidad bajo demanda y alianzas público-privadas que permitan ampliar las opciones de transportación accesible en Puerto Rico.
Mientras, representantes de MAVI presentaron la propuesta del Proyecto Sistema Integrado de Transporte Accesible (SITA), iniciativa dirigida a crear un sistema coordinado de movilidad accesible y asequible para personas con impedimentos. La propuesta incluye el desarrollo de rutas prioritarias conectadas entre municipios, horarios extendidos, plataformas digitales accesibles, centros de servicio al cliente y tarifas subsidiadas adaptadas al nivel socioeconómico de los usuarios.
Los deponentes de MAVI también señalaron que más del 20% de la población en Puerto Rico vive con algún tipo de impedimento y enfatizaron que las limitaciones de transportación afectan directamente el acceso al empleo, servicios de salud, educación y participación comunitaria. Además, recomendaron desarrollar programas piloto regionales y fortalecer acuerdos colaborativos entre municipios y proveedores de transporte existentes para optimizar recursos y ampliar la cobertura de servicios accesibles.
“Esta vista pública nos permitió escuchar testimonios y datos importantes que reflejan una realidad que no podemos ignorar. Nuestro compromiso es continuar trabajando junto a las comunidades, las organizaciones y las agencias pertinentes para impulsar soluciones responsables, humanas y alcanzables que ayuden a eliminar barreras y promuevan una verdadera inclusión”, añadió el senador.
