(Guayanilla, Puerto Rico) — En la mañana de hoy, el Senado de Puerto Rico llevó a cabo una inspección ocular en la carretera PR 136, en el municipio de Guayanilla, como parte de la investigación autorizada mediante la Resolución del Senado 258 de la autoría de la senadora Jamie Barlucea, que evalúa las condiciones de acceso, mantenimiento y jurisdicción en dicha vía estatal y sus conexiones hacia los sectores de Punta Verraco y Punta Ventana.
La inspección fue encabezada por el presidente de la Comisión de Planificación, Permisos e Infraestructura, senador Héctor “Gaby” González, y contó con la participación de la presidenta de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social, senadora Jamie Barlucea, en calidad de comisión en segunda instancia. También formó parte de la inspección el representante Ensol Rodríguez, junto a personal técnico del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), representantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), líderes comunitarios y medios de comunicación.
Durante la visita, las comisiones cuestionaron al DTOP sobre la jurisdicción actual del tramo en controversia. El DTOP certificó que dicho tramo no se encuentra bajo su jurisdicción, a pesar de que documentos oficiales de 1984 y 1992, y un fallo judicial de 2001, reconocen al Departamento como responsable de esa vía. Esta contradicción ha reactivado el debate legal sobre la titularidad, llevando incluso a un nuevo caso judicial para esclarecer esa laguna.
El DRNA, por su parte, expresó preocupaciones serias sobre la degradación ambiental del área, incluyendo la destrucción de hábitats, la afectación de especies en peligro de extinción y el impacto de actividades ilícitas como el tráfico de drogas. El área es ecológicamente significativa, y se destacó que la zona cuenta con al menos nueve hallazgos arqueológicos documentados, lo que ha motivado la consideración formal de declararla una reserva natural protegida.
La controversia por el acceso a esta vía se remonta a más de 60 años. Aunque históricamente fue de libre tránsito, en la actualidad el paso está controlado por una empresa privada, lo que ha generado tensiones entre el interés público, la protección ambiental y los reclamos de titularidad.
“La resolución aprobada por el Senado nos permite examinar a fondo si estas restricciones al paso ciudadano son legales o si se están cometiendo irregularidades en el uso de una carretera pública. He solicitado que se cite en vista ejecutiva a los secretarios de las agencias pertinentes, incluyendo DTOP y Recursos Naturales, el Instituto de Cultura y otras agencias, para evaluar los documentos ya requeridos y que, según se ha revelado, evidencian que el acceso es de dominio público,” expresó la senadora Barlucea.
“Aquí hay un reclamo claro del pueblo, que ha sido ignorado por demasiado tiempo. Esta inspección es parte de un proceso legislativo serio que busca información veraz y soluciones,” finalizó Barlucea.
Como parte de la continuación del trámite legislativo, la senadora Jamie Barlucea solicitó que se lleve a cabo una reunión ejecutiva en el mes de enero de 2026, con la participación de las agencias pertinentes y las comisiones legislativas. Esta propuesta contó con el respaldo del senador Héctor “Gaby” González y del senador Eliezer Molina.
